Alcalde de Río Bueno queda en prisión preventiva por cohecho agravado y lavado de activos

El Juzgado de Garantía de Río Bueno dejó en prisión preventiva al alcalde Luis Reyes Álvarez, formalizado por cohecho agravado y lavado de activos a partir de los pagos que recibió de contratistas municipales.

La resolución se adoptó el miércoles 21 de octubre, al término de una audiencia en la que la Fiscalía argumentó que los pagos que el jefe comunal habría recibido hacían necesario mantenerlo privado de libertad mientras avanza la investigación.

Qué resolvió el Juzgado de Garantía de Río Bueno

El tribunal acogió íntegramente la solicitud del Ministerio Público. La fiscal María Consuelo Oliva explicó tras la audiencia que la libertad de los imputados constituía, a su juicio, "un peligro para la seguridad de la sociedad" y que, en el caso específico del alcalde, existía además riesgo de que se obstaculizaran diligencias pendientes.

La defensa había pedido medidas de menor intensidad, entre ellas el arresto domiciliario en su vivienda. El tribunal no las acogió. La causa quedó así con dos personas en prisión preventiva y el resto de los imputados con otras cautelares, a la espera de que se fije el plazo de investigación.

Los pagos que la Fiscalía describió en la audiencia

Según los antecedentes expuestos por el Ministerio Público, los hechos ocurrieron entre 2017 y 2022, periodo en que Reyes se desempeñó como alcalde y luego como concejal de la comuna de la Región de Los Ríos. La tesis fiscal es que solicitó y recibió beneficios económicos de proveedores y contratistas de la municipalidad a cambio de favorecerlos en procesos de licitación, facilitar el pago de obras y dejar sin efecto multas.

Los mecanismos descritos en la audiencia son concretos: incorporación de requisitos restrictivos en las bases de licitación, criterios de evaluación desproporcionados o indeterminados, agilización de estados de pago, falta de fiscalización exhaustiva de las obras y condonación improcedente de multas aplicadas a empresas que no tenían los fundamentos técnicos o jurídicos para ello.

La Fiscalía cifró en al menos $36.360.000 los beneficios económicos obtenidos por esta vía. De ese total, cuatro multas dejadas sin efecto sumaron $18 millones en perjuicio fiscal, y $27.860.000 llegaron mediante transferencias a cuentas corrientes personales del alcalde y de su pareja, Gladys Roxana Mancilla Albornoz, quien también está imputada en la causa.

Licitaciones favorecidas y el rol de los coimputados

Uno de los episodios descritos es la licitación del servicio de producción, amplificación e iluminación de la Semana Rio Buena 2020, por $85 millones. De acuerdo con la Fiscalía, el alcalde solicitó o aceptó $3 millones del representante de la empresa adjudicataria y, dos días después de la adjudicación, el mismo día en que aprobó el contrato, se registró la transferencia a su cuenta personal.

La investigación también menciona el pago de $5,5 millones entre 2018 y 2021 para facilitar la tramitación y el pago de obras adjudicadas a la Constructora San Ignacio. Para incorporar el dinero al sistema financiero, según el Ministerio Público, los imputados realizaron transferencias entre cuentas, depósitos en efectivo y cheques hacia las cuentas del alcalde y de su pareja.

Quién más quedó preso y qué sigue en la causa

Junto con el alcalde quedó en prisión preventiva el empresario Héctor Meza Hermosilla, representante de dos empresas del rubro de la construcción, imputado por soborno y lavado de activos. La causa reúne a seis o siete imputados, entre ellos una funcionaria municipal y la secretaria de una de las empresas involucradas.

De forma paralela, la revisión de balances municipales y de cuentas corrientes difundida por medios regionales detectó depósitos por $174 millones entre 2017 y 2023, con aportes de empresas adjudicatarias de licitaciones y de funcionarios municipales que transfirieron $22 millones.

Reyes asumió en diciembre de 2024 su cuarto periodo al frente de la Municipalidad de Río Bueno. La causa se encuentra en etapa de formalización, de modo que los imputados conservan la presunción de inocencia y la Fiscalía deberá sostener los cargos en las siguientes actuaciones judiciales.

Fuente: Poder Judicial de Chile.