Caso Puerto Coronel: Fiscalía cierra la investigación y abre causa por soborno contra la empresa
La Fiscalía del Biobío cerró la investigación del caso Puerto Coronel tras reformalizar a ocho imputados, entre ellos el alcalde Boris Chamorro. Ahora tiene diez días para presentar su acusación y una arista separada indaga a la empresa por un presunto soborno.
La Fiscalía del Biobío cerró la investigación del caso Puerto Coronel tras reformalizar a ocho imputados, entre ellos el alcalde Boris Chamorro. Ahora tiene diez días para presentar su acusación y una arista separada indaga a la empresa por un presunto soborno.
Qué resolvió la Fiscalía en el caso Puerto Coronel
El cierre de la etapa indagatoria se comunicó tras una audiencia en la que el Ministerio Público reformalizó a los ocho imputados y precisó los hechos y sus calificaciones jurídicas. Con ese trámite cumplido, la Fiscalía del Biobío quedó en condiciones de presentar su acusación dentro del plazo legal de diez días. Entre los querellados figuran el alcalde de Coronel, Boris Chamorro, y el expresidente del directorio de la compañía, Eduardo Hartwig.
La causa reúne ocho hechos que abarcan cohecho, soborno, administración desleal, facilitación de facturas falsas, declaración maliciosa de impuestos y obtención indebida de devoluciones de tributos.
Los montos: más de $2.500 millones indagados
El monto total investigado supera los $2.500 millones y se desglosa en tres bloques. El mayor corresponde a más de $2.159 millones de perjuicio atribuido a Puerto Coronel por administración desleal; a eso se suman más de $233 millones de perjuicio fiscal asociado a delitos tributarios y $151 millones en pagos dirigidos a autoridades comunales por cohecho y soborno.
Facturas por servicios inexistentes y una operación de terrenos
Uno de los mecanismos centrales que indaga la Fiscalía es el uso de facturas por servicios inexistentes o previamente pagados. Según el Ministerio Público, Hernán Romero Sáez, propietario de Servicios Caryher Limitada, emitía esos documentos para justificar egresos desde Puerto Coronel y luego devolvía parte del dinero, descontando una comisión a su favor. Por esa vía se atribuye la extracción de más de $1.022 millones.
La investigación también abarca una operación de terrenos en la que $425 millones que debían ingresar a la compañía habrían sido entregados de forma paulatina en efectivo entre 2022 y 2023, sin ser incorporados a la contabilidad de la empresa.
Los pagos a autoridades locales
Respecto de los pagos a autoridades de elección popular, la Fiscalía atribuye al alcalde Boris Chamorro la recepción de $82 millones entre mayo de 2022 y noviembre de 2023, mediante pagos en efectivo. Al entonces concejal Eduardo Araya se le vincula con la recepción de $69,75 millones, principalmente a través de transferencias bancarias.
La arista nueva: la empresa portuaria y el soborno
La fiscal anticorrupción de Coronel, Glenda Lagos, confirmó que, además de la causa cerrada, existe una investigación separada y aún desformalizada sobre la eventual responsabilidad penal de Compañía Puerto de Coronel S.A. como persona jurídica por el delito de soborno. La arista nació de una ampliación de querella del Consejo de Defensa del Estado (CDE) y busca establecer si los pagos a autoridades reportaron algún beneficio concreto para la portuaria.
La separación de las causas se dispuso porque la empresa no podía figurar al mismo tiempo como víctima e imputada en una misma investigación. Hasta la fecha, Puerto Coronel no ha sido formalizada como persona jurídica. En la misma audiencia, el tribunal aprobó una suspensión condicional del procedimiento para la exgerenta general Michelle Prater Holger, con condiciones que incluyen un aporte de $2,5 millones a Bomberos de Coronel.
Qué sigue
El Ministerio Público puede presentar su acusación en los próximos diez días, un paso que definirá si el caso avanza a juicio oral. La Fiscalía recuerda que se trata de un proceso en curso y que los cargos pueden ser desestimados al término de la investigación, por lo que los imputados no deben ser considerados responsables mientras no exista una sentencia firme. El proceso se suma a otros casos de cohecho resueltos por la justicia chilena en los últimos meses, como el que condenó al exalcalde de Puerto Natales en el denominado caso LED.
Fuente: Fiscalía del Biobío (fiscal Glenda Lagos) y BioBioChile, Diario Concepción y La Tribuna.
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