Condenado por homicidio se fuga en Copiapó tras salida autorizada sin audiencia

Un joven condenado a 10 años de régimen cerrado por homicidio calificado se fugó este viernes en Copiapó en una salida que el Juzgado de Garantía autorizó sin audiencia previa. La Fiscalía de Atacama ya ordenó su búsqueda dentro y fuera de la región.

Una salida autorizada sin audiencia del Ministerio Público

Según el comunicado emitido por la Fiscalía Regional de Atacama, el condenado se encontraba cumpliendo su pena en un centro de internación de la zona de Copiapó y había sido autorizado por el tribunal para participar en actividades vinculadas al bautizo de su hijo.

En un principio, la dirección del recinto había dispuesto que estas salidas se realizaran bajo vigilancia y custodia de Gendarmería. La defensa solicitó modificar esa condición y el Juzgado de Garantía de Copiapó acogió la petición: el interno saldría acompañado por profesionales del centro, pero sin custodia de Gendarmería ni elementos de sujeción.

El Ministerio Público precisó que la autorización se adoptó a petición de la defensa y "sin la realización de una audiencia previa en que pudiera intervenir" la fiscalía, un punto que el propio organismo relevó al informar públicamente la fuga.

La fuga del condenado y el operativo de búsqueda

Fue durante una de esas salidas cuando el joven logró evadir la supervisión de sus acompañantes y darse a la fuga. Una vez conocido el hecho, el Ministerio Público solicitó la correspondiente orden de detención e instruyó su búsqueda tanto a la Policía de Investigaciones como a Carabineros de Chile, con diligencias dentro y fuera de la Región de Atacama.

Paralelamente, la Fiscalía adoptó medidas para resguardar la seguridad de las víctimas y de los testigos vinculados al homicidio por el cual el prófugo fue condenado.

Informe al juez e investigación por la fuga

Desde el Poder Judicial informaron que se solicitó un informe al juez que autorizó la salida, con el objetivo de revisar los antecedentes de la causa y los fundamentos de la resolución que permitió el permiso.

En paralelo, el Ministerio Público abrió una investigación para determinar con precisión cómo se produjo la fuga, establecer si existió participación o facilitación de terceros y perseguir las eventuales responsabilidades penales que puedan derivarse del caso.

Hasta el cierre de esta edición se mantenían las diligencias para dar con el paradero del condenado. El Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil y la Defensoría Penal Pública, consultados por la situación, quedaron de pronunciarse mediante comunicados oficiales.