Contraloría detecta 315 funcionarios con condenas vigentes en el Estado
La Contraloría General de la República identificó a 315 funcionarios con condenas vigentes que siguen en sus cargos pese a que la ley se lo impide. Carabineros, con 84 casos, y el Ejército, con 22, encabezan la nómina.
La Contraloría General de la República identificó a 315 funcionarios con condenas vigentes que siguen en sus cargos pese a que la ley se lo impide. Carabineros, con 84 casos, y el Ejército, con 22, encabezan la nómina.
El dato aparece en el Consolidado de Información Circularizada N°29, difundido este martes 17 de noviembre por el organismo contralor, que revisó la situación del personal de la Administración del Estado con sentencias por crimen o simple delito. El documento toma como referencia las condenas vigentes a junio de 2026 y concluye que esas personas permanecen en funciones "sin haber renunciado o sido destituidos", en contradicción con el artículo 54 letra c) de la Ley N°18.575.
Cómo se detectaron los 315 funcionarios con condenas vigentes
La Contraloría cruzó tres bases de datos: el Registro Nacional de Condenas del Registro Civil, el padrón del Servicio Electoral y el Sistema de Información y Control del Personal de la Administración del Estado (SIAPER). Del cruce resultaron 315 personas asociadas a 317 registros de condena, porque dos funcionarios acumulan más de una sentencia. Por nivel de gobierno, 166 dependen del gobierno central y 149 del gobierno local, es decir, municipalidades.
Carabineros y el Ejército concentran los casos
Entre las instituciones con mayor cantidad de personas condenadas en la administración del Estado, Carabineros de Chile aparece primero con 84 funcionarios. Le sigue el Ejército de Chile con 22 y la Armada con 8. Más atrás se ubica la Municipalidad de Valdivia con 6 casos, la Fuerza Aérea con 5 y las municipalidades de Hualpén, Tierra Amarilla, Chillán y Puerto Montt con 4 cada una. La Municipalidad de Tocopilla registra 3.
El desglose por estamento
Por calidad contractual, 109 pertenecen a las Fuerzas Armadas y a las fuerzas de Orden y Seguridad; 83 se rigen por el Código del Trabajo; 41 son auxiliares, 31 profesionales, 22 honorarios, 13 técnicos, 10 administrativos y 5 directivos. En un caso no hay información.
Qué tipo de condenas registra el informe
De los 317 registros, 73 corresponden a crímenes, equivalentes al 23% del total, y 244 a simples delitos, que representan el 77% restante. Además, 41 condenas recaen en figuras del Título V del Libro II del Código Penal, es decir, delitos cometidos por empleados públicos en el ejercicio de sus cargos. Ese grupo equivale al 13% del universo analizado y es el más delicado, porque afecta directamente la probidad de la función pública.
Qué instruyó la Contraloría a los servicios
El consolidado no se limita a constatar la situación: ordena a las reparticiones abrir las investigaciones que correspondan y determinar eventuales responsabilidades administrativas por la posible omisión de informar la condena al jefe de servicio. También dispone iniciar el procedimiento para aplicar la inhabilidad sobreviniente en cada caso.
Cada entidad deberá informar, además, si las condenas fueron evaluadas en los procesos de calificaciones del personal, según los criterios de comportamiento social y probidad funcionaria. Y regularizar la hoja de vida funcionaria en SIAPER, conforme a la Resolución Exenta N°36 de 2024.
Qué es la inhabilidad sobreviniente y qué exige la ley
La expresión describe una circunstancia que surge después de que la persona ingresó a la Administración del Estado y que le impide seguir ejerciendo un cargo público. El funcionario condenado por crimen o simple delito debe informar esa situación a su superior jerárquico en un plazo de 10 días y presentar su renuncia.
El informe precisa un matiz relevante: para ingresar a cargos auxiliares y administrativos no constituye impedimento haber sido condenado por un ilícito castigado con pena de simple delito, siempre que no esté en el Título V del Libro II del Código Penal, el que agrupa los delitos cometidos en el ejercicio del cargo.
Por qué importa revisar el origen del dato
El consolidado advierte que la información es autoreportada por las instituciones. Por eso una vinculación aparece como vigente mientras el mismo servicio no tramite el cese correspondiente. El número final refleja, entonces, el estado del sistema de registro tanto como la conducta de los funcionarios.
El detalle por entidad y por estamento está en el Consolidado N°29 de la Contraloría, y la norma en la Biblioteca del Congreso Nacional.
Equipo editorial de Liven, portal de noticias de Chile. Información verificada y explicada con claridad, según nuestra política editorial y nuestro proceso de edición.