Contraloría detecta fallas graves en residencia de menores de Antofagasta

La Contraloría Regional de Antofagasta detectó fallas graves en la residencia Antay, administrada por la Fundación Creeser: un niño hospitalizado por sobredosis de risperidona, déficit de cuidadoras en cuatro de cinco turnos y 21 menores en 15 plazas autorizadas.

Los hallazgos están en el Informe de Inspección en Terreno N.º 452 de 2026, que resume una fiscalización realizada el 14 de mayo en la Residencia de Protección para Lactantes y Preescolares Antay, supervisada por la Dirección Regional del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (Mejor Niñez). El contenido fue adelantado por BioBioChile.

Medicamentos sin control y una sobredosis

La fiscalización concluyó que la residencia carecía de un sistema claro y actualizado para controlar los medicamentos que recibían los niños, incluidas dosis y horarios. Para la Contraloría es una situación de especial gravedad, porque este año hubo incidentes asociados a errores y omisiones en la entrega de fármacos.

El informe detalla que un menor fue hospitalizado por una sobredosis de risperidona y que otro residente estuvo dos días consecutivos con el tratamiento prescrito interrumpido. También se detectó que un niño con varicela no recibió el tratamiento indicado por un servicio de urgencia: al momento de la visita de los fiscalizadores la prescripción seguía sin cumplirse y el menor debió ser trasladado para una nueva evaluación. A eso se suma la demora en la derivación de otro residente que sufrió una lesión en un dedo.

"Estas situaciones evidencian falencias en los procedimientos destinados a garantizar el acceso oportuno a prestaciones de salud", señala el informe.

Déficit de cuidadoras y 21 menores en 15 plazas

En materia de personal, la Contraloría constató que la residencia no cumplía con la dotación mínima exigida de cuidadoras: en cuatro de los cinco turnos revisados se registró déficit. Además, 13 trabajadores con contacto directo y habitual con los residentes no tenían en sus carpetas todos los antecedentes para acreditar su idoneidad, y tampoco había pruebas de que el recinto hubiera verificado esos requisitos antes de contratarlos.

La Contraloría comprobó que ninguno de los trabajadores observados registraba inhabilidades para trabajar con menores ni sanciones por maltrato relevante al momento de la fiscalización. Sin embargo, la residencia no acreditó haber realizado oportunamente las verificaciones que exige la normativa.

El informe también advierte problemas de habitabilidad: el recinto atendía a 21 niños, niñas y adolescentes pese a contar con 15 plazas autorizadas, lo que afectaba las condiciones de descanso, circulación y cuidado. Se observó alta ocupación de los dormitorios y camas de reducidas dimensiones instaladas a nivel de piso.

145 días sin matrícula y fallas en alimentación y gas

En el ámbito educativo, la Contraloría verificó que un niño permaneció sin matrícula ni acceso a una oferta educacional desde su ingreso a la residencia, el 11 de marzo, y durante 145 días corridos. La situación se extendió hasta el 3 de agosto, cuando fue incorporado a un aula hospitalaria.

También se detectó que la residencia mantenía un servicio de alimentación sin la autorización sanitaria correspondiente. Las instalaciones interiores de gas, en tanto, carecían del Certificado de Inspección Periódica con calificación de Sello Verde, pese a que la observación ya había sido advertida antes por Mejor Niñez.

Qué pasa ahora con la residencia Antay

Por estos hechos, la Dirección Regional de Antofagasta del Servicio Nacional de Protección Especializada deberá instruir un procedimiento disciplinario para determinar eventuales responsabilidades administrativas. El informe no fija plazos ni sanciones, y la decisión sobre medidas concretas queda en manos del servicio que supervisa el recinto.

Antay es un dispositivo de protección para lactantes y preescolares dentro de la red del Estado, que tras la creación de Mejor Niñez quedó bajo supervisión técnica del servicio y operación de organismos colaboradores acreditados, en este caso una fundación privada. La Ley 21.302 fija estándares de cuidado, dotación y verificación de idoneidad para ese tipo de recintos.