Gobierno baja la urgencia de la reforma de Seguridad y abre negociación en el Congreso

El Gobierno retirará la urgencia legislativa de la reforma de seguridad para abrir una negociación, tras las críticas de la oposición y del propio oficialismo. Así lo confirmó este lunes el ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot.

Las alternativas que se abren para la reforma de seguridad

"Vamos a retirar la urgencia de la reforma para tener una amplia discusión", ratificó García Ruminot en Estado Nacional de TVN. El anuncio se conoce luego de que senadores adelantaran el pasado viernes la posibilidad de bajar la urgencia, en medio de los reparos al contenido y a la construcción de la iniciativa.

Entre las opciones que se han instalado en la discusión figura acotar o incluso eliminar el nuevo Estado de Excepción de Seguridad Pública, que actualmente contempla un máximo de 240 días sin pasar por el control del Congreso. Una de las fórmulas que se analiza es reducir ese plazo a 30 días y establecer que, desde su primera renovación, deba contar con la aprobación del Parlamento. Otra posibilidad es desechar la creación de este nuevo estado de excepción y, en cambio, introducir modificaciones al Estado de Excepción Constitucional de Emergencia que hoy se aplica, por ejemplo, en la Macrozona Sur.

También está sobre la mesa eliminar la pérdida de beneficios sociales contemplada en la propuesta, uno de los puntos que ya generó cuestionamientos al Gobierno durante la tramitación del proyecto de Escuelas Protegidas, iniciativa que terminó enfrentando un revés en el Tribunal Constitucional. Se suma la posibilidad de modificar la fórmula para determinar las organizaciones criminales y el eventual delito asociado a pertenecer a ellas, con una definición que quedaría íntegramente radicada en el Poder Judicial.

Críticas cruzadas por el contenido de la iniciativa

Las críticas han surgido desde distintos sectores. El senador de Evópoli Luciano Cruz-Coke dijo a La Tercera este domingo que la reforma "raya en lo iliberal" y que no es necesaria para avanzar en seguridad. Desde RN, en tanto, el senador Andrés Longton planteó una mirada distinta: el problema no sería un supuesto "tufillo autoritario", sino una deficiente construcción de la iniciativa, que a su juicio se va a "acotar" y que incluso podría optar por fortalecer el Estado de Excepción actualmente vigente.

Desde el socialismo democrático cuestionan la decisión de llevar parte de la discusión al plano constitucional. El jefe de bancada del PS e integrante de la Comisión de Seguridad, Juan Luis Castro, sostuvo que "las formas autoritarias no proceden en tiempos de democracia" y advirtió que no sería necesario modificar la Constitución para avanzar en materia de seguridad. El biministro del Interior, Claudio Alvarado, en tanto, se mostró abierto a introducir cambios y a graduar las urgencias "en función del objetivo final, que es buscar un consenso".

Una reunión clave y una agenda que se reordena

En paralelo, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, se reunirá este lunes a las 11:00 horas con el presidente de la Comisión de Seguridad del Senado, Karim Bianchi, para abordar el calendario legislativo y definir qué proyectos tendrán prioridad. Bianchi adelantó que la idea es desconcentrar la atención de la discusión constitucional y darle prioridad a los proyectos de ley que ya se encuentran en trámite.

El Gobierno buscará así empoderar otras iniciativas de su agenda: la llamada ley antibarricadas 2.0 y las Reglas de Uso de la Fuerza aparecen como dos de los proyectos que recibirían mayores urgencias y que pasarían a ocupar un lugar central en el debate legislativo durante septiembre. La decisión del Ejecutivo coincide con la encuesta Cadem publicada el domingo, según la cual el 51% de los consultados cree que el Gobierno debe retirar el proyecto de seguridad para buscar acuerdos en la materia.

Fuente: BioBioChile