Hospital modular de campaña estuvo cuatro años en una bodega: Contraloría abre reparo por $859 millones

Un informe de la Contraloría General de la República detectó que los 565 bienes del Hospital Modular de Campaña N°2 Barros Luco Trudeau pasaron más de cuatro años inmovilizados en una bodega de San Miguel. El organismo inició un reparo por $859 millones.

Qué encontró la Contraloría en el hospital modular

El documento, al que accedió Bío Bío Investiga, constata la "ausencia de actuaciones concretas orientadas a dar uso efectivo a los 565 bienes muebles transferidos, los cuales han permanecido inmovilizados por más de cuatro años". Para el organismo que preside Dorothy Pérez, la falta de gestiones derivó en un doble problema: equipamiento que podía destinarse a fines sanitarios quedó sin ocupar y, al mismo tiempo, se produjo una depreciación patrimonial.

La conclusión es que se vulneró la ley que obliga a los organismos del Estado a velar de manera eficiente por los recursos públicos. "Se evidenció una administración ineficiente de recursos estatales", señala el informe.

Del Covid-19 a una bodega en San Miguel

El hospital modular formó parte de la compra de emergencia de cinco recintos de campaña aprobada en abril de 2020 para ampliar camas durante la pandemia. La unidad instalada junto al Hospital Barros Luco Trudeau implicó una inversión de $2.102 millones entre adquisición y traslado, y operó hasta el 31 de octubre de 2021.

Tras el cierre, la Subsecretaría de Redes Asistenciales transfirió gratuitamente el dominio al Servicio de Salud Metropolitano Sur (SSMS). La entonces directora del servicio, Carmen Aravena, informó que no existía un destino próximo para una infraestructura de carácter temporal: los escenarios posibles se reducían a desarme y bodegaje, o a un traspaso a otra institución.

La licitación de 2023

El 11 de mayo de 2023 se aprobó una licitación para la mantención, desarme y embalaje del módulo, adjudicada a Minera y Constructora Río Grande SpA por más de $187 millones. La empresa lo trasladó a una bodega en San Miguel, donde quedaron catres clínicos, mesas de alimentación, camillas, lavamanos y sillas de ruedas.

El reparo por $859 millones

El valor de adquisición superó los $2.000 millones, pero la Contraloría contabilizó la depreciación de los bienes en $859.629.807, monto por el cual abrió un reparo: la búsqueda de la recuperación de esos dineros para las arcas fiscales. El Servicio de Salud argumentó que mantener el hospital operativo costaba $4.584 millones y que prefirió el desarme y el almacenamiento como "reserva estratégica" para futuras emergencias. La Contraloría respondió que esas razones no explican la falta de gestiones para transferirlo.

Inventario con diferencias y una bodega deficiente

La fiscalización también detectó diferencias entre el inventario de marzo de 2021 y el actual: un sillón, un glucómetro, una impresora, un microondas y un televisor de 40 pulgadas, entre otros objetos, aparecían antes y ya no. Además, 13 bienes no han podido ser ubicados, entre ellos una lavadora, una plancha eléctrica, una secadora y un kit de protección radiológica. Tres lavadoras y tres secadoras que figuraban como desaparecidas fueron restituidas por la empresa de seguridad que custodiaba la bodega.

El informe agrega que el recinto presenta deficiencias, como un socavón en el borde de la reja, que dificulta el acceso seguro a las áreas de almacenamiento y las labores de inspección, control y mantención.

Qué responde el Servicio de Salud Metropolitano Sur

El SSMS sostuvo que el monto que la Contraloría pide reparar corresponde a depreciación contable, por lo que "no debe desembolsar ese monto". Añadió que las diferencias de inventario fueron aclaradas y regularizadas, que no hubo venta y que no se consideró reinstalar el módulo en el Barros Luco Trudeau. Sobre el estado de la bodega, indicó que deberá implementar un plan que defina el destino de los bienes, con alternativas de distribución, transferencia o reutilización, dentro de los plazos fijados por el organismo fiscalizador.

Qué sigue

El caso deja abierta una pregunta de gestión pública: qué ocurre con el equipamiento sanitario comprado para una emergencia cuando la emergencia termina. La Contraloría ya fijó un plazo para que el servicio defina el futuro de los 565 bienes, mientras el reparo por $859 millones sigue su curso administrativo.