Nuevo estado de excepción: Gobierno envía al Senado ocho reformas constitucionales contra el crimen organizado

El Gobierno ingresó este lunes al Senado ocho reformas constitucionales de su Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT). La más polémica crea un nuevo estado de excepción que permite restringir libertades e interceptar comunicaciones donde opera el crimen organizado.

El nuevo estado de excepción que propone el Gobierno

La iniciativa forma parte de un paquete más amplio: en paralelo, la administración de José Antonio Kast envió al Congreso los 30 proyectos de ley de la ACOT, el plan que el mandatario anunció el pasado 5 de agosto en una cadena nacional. El proyecto de reforma constitucional llegó al Senado después de pasar por dos borradores y de contemplar hasta once modificaciones a la Carta Fundamental.

Según el texto ingresado, el nuevo estado de excepción podrá invocarse "en caso de amenaza grave e inminente contra la seguridad pública o cuando ésta haya sido gravemente afectada". Lo declarará el Presidente de la República, determinando las zonas afectadas por esas circunstancias, y no podrá extenderse por más de 120 días. El jefe de Estado podrá prorrogarlo por un período igual y, para las ampliaciones sucesivas, requerirá siempre el acuerdo del Congreso Nacional.

La propuesta contempla facultades amplias: suspender o restringir la libertad personal y de locomoción, el derecho de reunión y el ejercicio del derecho de asociación, además de interceptar, abrir o registrar documentos y toda clase de comunicaciones, y disponer requisiciones de bienes. La moción solo señala que un oficial general quedará al mando de la zona, sin precisar si será de las Fuerzas Armadas o de Carabineros.

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, defendió la medida la noche del lunes en el programa Tolerancia Cero, de CNN Chile. Sostuvo que está pensada para "intervenciones profundas, temporales y con rendición de cuentas" en zonas "donde operan grupos terroristas o el crimen organizado que son de difícil penetración". En esa línea, mencionó la necesidad de "facultades extraordinarias para restringir la movilidad, poner toques de queda y saber qué comunicaciones", y habló de "polígonos bastante más acotados, dependiendo de lo que sea, y de otros más amplios".

Las otras reformas del paquete constitucional

El paquete también propone incorporar la seguridad pública como mandato constitucional, una idea que ha generado dudas no solo en la oposición, sino también entre abogados constitucionalistas de distintos sectores, porque el concepto ya forma parte del artículo primero de la Constitución chilena.

Otra de las iniciativas crea un registro de organizaciones de crimen organizado y terrorismo. Arrau explicó que el listado permitiría perseguirlas de manera más eficaz, como lo han hecho Italia o Estados Unidos. Hoy, dijo, cuando la Fiscalía procesa a una persona del Tren de Aragua no solo debe demostrar que pertenece a esa megabanda, sino también que la organización existe; con la reforma se crearía el delito de pertenencia.

El Ejecutivo mantiene además la idea de retirar las prestaciones sociales, entre ellas las de salud, a los condenados por crimen organizado y terrorismo, aunque trasladó esa medida a una ley de quórum calificado.

Respaldo ciudadano a las medidas

La ofensiva del Gobierno llega con respaldo ciudadano. Según la encuesta Criteria divulgada este domingo, las medidas del Ejecutivo registran niveles de acuerdo de entre 75% y 94%. Entre las más apoyadas, con un 94%, están el aumento de penas para quienes recluten a menores de edad para cometer delitos y la agravación de las penas para quienes pertenezcan a organizaciones criminales.

La agenda se ha complementado con despliegues públicos de las autoridades y con la operación Cancerbero, el traslado masivo de reos de alta peligrosidad a la cárcel de Talca realizado el viernes y transmitido por YouTube, en un formato que ha sido comparado con el CECOT de El Salvador. Según informó EL PAÍS Chile, la administración busca mantener el impulso de su principal promesa de campaña: el control de la delincuencia.