PDI fiscaliza a 2.055 extranjeros en las 16 regiones y detecta a 347 en situación irregular

La PDI desplegó un operativo nacional de fiscalización migratoria en las 16 regiones del país: más de 1.100 funcionarios controlaron a 2.055 personas extranjeras y el balance dejó 347 con infracciones, 139 de ellas por ingresar por pasos no habilitados.

El procedimiento se realizó este miércoles y fue informado por el director general de la Policía de Investigaciones, Eduardo Cerna, junto al ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau. Según el reporte de la institución, el foco estuvo en detectar ingresos por pasos no habilitados y en localizar a personas con órdenes de expulsión pendientes.

Cómo fue el operativo nacional de fiscalización migratoria

El despliegue cubrió barrios residenciales y lugares de trabajo en las 16 regiones del país. En cada control, los detectives verificaron la situación migratoria, la identidad y la actividad de las personas fiscalizadas, de acuerdo con la información entregada por la policía civil.

La PDI precisó que en el operativo participaron más de 1.100 funcionarios. Las cifras fueron replicadas por los medios que cubrieron el balance entregado en Santiago (Emol y CNN Chile).

El balance: 347 personas con infracciones

Del total de 2.055 personas controladas, 347 quedaron registradas con algún tipo de infracción. La PDI desglosó ese grupo en dos categorías:

• 139 personas por ingreso irregular a Chile a través de pasos no habilitados.
• 208 personas que quedaron a disposición policial por otras faltas o delitos.

Qué nacionalidades concentran los controles

Respecto del origen de las personas con infracciones, la mayoría corresponde a ciudadanos venezolanos (223), seguidos por colombianos (40), peruanos (7) y 77 personas de otras nacionalidades.

Expulsiones: 27 resoluciones notificadas

El director general de la PDI explicó que a 27 personas se les notificó la resolución de expulsión que ya estaba decretada. Quienes tenían una expulsión notificada fueron detenidos y trasladados a dependencias institucionales para completar el proceso correspondiente, agregó.

La salida del país no es automática: cada caso sigue el procedimiento administrativo que conduce el Servicio Nacional de Migraciones, organismo encargado de las órdenes de expulsión y de las prohibiciones de ingreso.

La ley que facilita la expulsión administrativa

El balance policial coincide con un cambio legislativo. El Congreso despachó el martes 20 de octubre una ley para agilizar las expulsiones de personas en situación irregular, que contempla que la policía pueda ingresar a un domicilio con autorización judicial para localizar y notificar a quienes tienen una orden de salida del país (DW).

El ministro Arrau valoró esa aprobación y sostuvo que el trabajo de fiscalización debe acompañarse de más herramientas operativas. En sus declaraciones señaló que la nueva norma «facilita la expulsión administrativa» y permite «el ingreso a viviendas con autorización judicial para ir a buscar a estas personas» (Meganoticias).

Fiscalizaciones periódicas y control territorial

Desde el Gobierno describieron estos procedimientos como parte de un plan de fiscalizaciones periódicas para mantener el control territorial, en línea con los compromisos de seguridad y de control fronterizo asumidos por la administración. El propio ministro de Seguridad Pública ha insistido en que el objetivo es ordenar la situación migratoria del país.

La PDI no informó cuántos operativos de este tipo se realizarán en las próximas semanas ni en qué regiones se concentrarán. Los antecedentes del último mes muestran que las fiscalizaciones se repiten con distinta intensidad: a comienzos de octubre, un procedimiento en la provincia de Concepción terminó con 29 detenidos, 27 de ellos con requerimientos judiciales pendientes.

Qué implica para las personas fiscalizadas

Quien es detenido por ingreso irregular queda a disposición del organismo migratorio, que evalúa el caso y puede decretar la expulsión. Las personas con una orden vigente pueden ser notificadas en el domicilio o en el lugar de trabajo y, con la nueva ley, también mediante el ingreso al domicilio con autorización judicial.

La institución recordó que los trámites de residencia, permanencia transitoria y las consultas sobre órdenes de expulsión se realizan ante el Servicio Nacional de Migraciones, no en dependencias policiales.