Gobierno otorga 56 rebajas de condena a condenados por delitos sexuales contra menores

El Ministerio de Justicia firmó 56 decretos de rebaja de condena entre el 11 de marzo y el 13 de septiembre, según un oficio por transparencia: 27 corresponden a abuso sexual y 29 a violación de menores. El ministro Fernando Rabat defendió el criterio y el PC anunció una interpelación.

La información consta en el ORD. 7067 de la Subsecretaría de Justicia, que respondió una solicitud de acceso a la información del medio Interferencia. El documento confirma que en ese período se dictaron 56 decretos exentos que otorgaron rebaja de condena a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores, y que solo una solicitud fue rechazada, en un caso de abuso.

Qué revelan los 56 decretos de rebaja de condena

El ritmo equivale a un decreto cada tres días, es decir, cerca de nueve al mes en promedio. Según las fuentes consultadas por esa investigación, ninguno de los 56 se originó en un recurso de amparo ni en otra vía judicial: las solicitudes ingresaron al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la cartera las acogió.

Los registros tampoco precisan cuántos de esos decretos corresponden a hechos cometidos antes o después de 2022, ni si la fecha fue el fundamento para conceder cada rebaja. Esa es, precisamente, la zona gris que abrió el debate público.

Cómo se tramita una rebaja de condena en Chile

La rebaja de condena está regulada por la Ley 19.856 y su calificación se realiza una vez al año. Gendarmería elabora la nómina de internos que cumplen los requisitos y la remite al Ministerio de Justicia. Cada decreto se dicta "por orden del Presidente de la República", después de que la Comisión de Reducción de Condenas califica la conducta del condenado, la Secretaría Regional Ministerial verifica los requisitos y la División de Reinserción Social revisa los antecedentes.

Para el ministerio, si se cumplen los requisitos y no concurre una causal de exclusión, la cartera no podría negar el beneficio.

La ley de 2022 y la discusión por la retroactividad

Una modificación legal de 2022 excluyó del beneficio a las personas condenadas por delitos sexuales contra menores. En el ministerio existe una discusión judicial sobre si esa exclusión se aplica también a hechos cometidos antes de que la norma entrara en vigencia, punto que la cartera ha trasladado al criterio de los tribunales superiores de justicia.

Qué respondió el ministro Rabat

El titular de Justicia y Derechos Humanos defendió el procedimiento ante el Congreso. "Lo que se hizo fue precisamente recoger la doctrina de la Corte Suprema en decenas de recursos de amparo", sostuvo, y agregó que fue el máximo tribunal el que estableció que las personas a quienes el beneficio se otorgaba antes de 2022 eran merecedoras de él.

Consultado sobre por qué no se informó públicamente de estas decisiones, respondió: "¿Cómo se va a informar al país si los actos administrativos son todos públicos? Lea la Constitución".

La Corte Suprema y las críticas en el Congreso

La presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, dijo no tener información sobre lo ocurrido y pidió más antecedentes. En el Parlamento las reacciones cruzaron a oficialismo y oposición: desde Evópoli y el Partido Republicano cuestionaron que el proceso beneficie a condenados por delitos graves, mientras diputados del Partido Comunista, entre ellos Marcos Barraza e Irací Hassler, calificaron la situación de inaceptable y comenzaron a reunir firmas para interpelar al ministro.

Qué sigue y el contraste con el plan de infancia

La interpelación depende de que se reúnan las firmas necesarias para iniciar el procedimiento en la Cámara de Diputadas y Diputados. En paralelo, la investigación original contrasta estas rebajas con la política de niñez del propio Ejecutivo: el 31 de agosto, el Presidente José Antonio Kast y la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, presentaron el plan "Chile Cuida a los Niños", en un escenario donde las Oficinas Locales de la Niñez registran 42% más demanda en un año, 5.788 niños esperando atención y cerca de 5.000 en residencias de protección.

Fuentes: investigación de Interferencia (ORD. 7067) y Cooperativa, 21 de octubre de 2026.