Senadores ingresan la nueva reforma de seguridad y el crimen organizado entra a la Constitución

Cinco senadores de oficialismo y oposición ingresaron este miércoles al Senado una reforma de seguridad que reemplaza el proyecto del Gobierno y pone al crimen organizado al mismo nivel constitucional que el terrorismo.

La moción también habilita regímenes penitenciarios especiales para condenados por crimen organizado y modifica el estado de emergencia para permitir una reacción preventiva ante amenazas graves e inminentes.

Quiénes firmaron la nueva reforma de seguridad

La iniciativa fue presentada por los senadores Pedro Araya (PPD), Arturo Squella (Republicanos), Andrés Longton (RN), Karim Bianchi (independiente) e Iván Flores (DC). El texto reemplaza la reforma original del Ejecutivo, que contemplaba ocho modificaciones a la Constitución y creaba un estado de excepción que podía durar hasta 240 días sin aprobación del Parlamento, uno de los puntos más cuestionados por legisladores oficialistas y opositores. Tras una reunión en Cerro Castillo, el Gobierno decidió no perseverar con su propuesta y respaldar la moción parlamentaria.

El crimen organizado entra a la Constitución

El primer eje modifica el artículo 9 de la Carta Fundamental para establecer que "el terrorismo y el crimen organizado" son por esencia contrarios a los derechos humanos, y deja en manos de la ley la determinación de los delitos que constituirán crimen organizado para estos efectos. La propuesta permite aplicar inhabilidades y restricciones propias del estatuto constitucional del terrorismo, incluidas limitaciones para ejercer cargos públicos, considerando la gravedad del delito y la posición que ocupe el responsable dentro de la organización.

Regímenes penitenciarios especiales y segregación carcelaria

El segundo eje habilita la creación de un régimen especial de seguridad para las personas condenadas o sometidas a prisión preventiva por delitos de crimen organizado y terrorismo, con el fin de impedir que continúen coordinando actividades criminales desde los recintos penitenciarios. La moción busca dar respaldo constitucional a la segregación de los privados de libertad según su peligrosidad y fortalecer las atribuciones de Gendarmería para aplicar regímenes diferenciados al interior de las cárceles.

Un estado de emergencia preventivo, sin un nuevo estado de excepción

El tercer eje modifica el actual Estado de Emergencia para permitir una reacción preventiva frente a "amenazas graves e inminentes" contra la seguridad pública, sin esperar a que el hecho se concrete. La propuesta descarta crear un quinto estado de excepción y establece que el Congreso podrá revocar la medida en cualquier momento. En materia de comunicaciones, los impulsores subrayaron que las interceptaciones telefónicas deberán contar con autorización judicial.

Qué dicen los impulsores

"Aquí no ha ganado ni el Gobierno ni la oposición; lo que se ha logrado es aunar voluntades para enfrentar un problema que tiene Chile", afirmó el senador Araya. El Gobierno anunció que respaldará la nueva moción. Sin embargo, el apoyo de parlamentarios de distintos partidos todavía no constituye un acuerdo de toda la oposición: la senadora Paulina Vodanovic (PS) cuestionó la elaboración del texto y negó haber participado en un entendimiento para respaldarlo.

El contexto de la agenda de seguridad

El ingreso de la moción ocurre en paralelo a la tramitación del Presupuesto 2027 y a la discusión de otras piezas de la agenda de seguridad, como las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF) que el Congreso despachó esta semana. Según reportes de prensa, el Ejecutivo selló además un "Acuerdo por la seguridad pública" con senadores y diputados de distintos sectores, que reúne 24 iniciativas consideradas prioritarias.

Fuente: Emol, Cooperativa y Pauta.