Gobierno ingresa al Senado reforma constitucional de seguridad con suma urgencia

El Gobierno de José Antonio Kast ingresó con suma urgencia al Senado la reforma constitucional de seguridad. La iniciativa contempla ocho cambios a la Constitución e incluye un nuevo estado de excepción y la inhabilitación perpetua para cargos públicos de condenados por crimen organizado.

Suma urgencia y hoja de ruta legislativa

El proyecto fue presentado este lunes por el Ejecutivo y forma parte de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT). Al ser ingresado con suma urgencia, la discusión tiene un plazo de 15 días, un calendario que estará marcado por la semana distrital prevista en el Congreso.

La iniciativa lleva las firmas del presidente Kast y de los ministros del Interior, Claudio Alvarado; Defensa, Fernando Barros; Seguridad Pública, Martín Arrau; y de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot.

Las ocho modificaciones a la Constitución

La propuesta original contemplaba once medidas, pero el texto definitivo quedó en ocho cambios después de los reparos surgidos dentro del propio oficialismo.

Seguridad pública como deber del Estado

La reforma incorpora expresamente la seguridad pública al deber estatal de resguardar la seguridad nacional, con el objetivo de precisar y facilitar la exigibilidad de esa obligación.

Nuevas herramientas contra el crimen organizado

Se crea un nuevo artículo 9 bis para reconocer constitucionalmente la protección de la seguridad pública frente al crimen organizado. La norma habilita regímenes penitenciarios diferenciados y establece consecuencias para los condenados por estos delitos, incluidas restricciones a comunicaciones, visitas, traslados y beneficios penitenciarios para impedir que sigan operando desde las cárceles.

Los condenados por delitos vinculados al crimen organizado quedarían inhabilitados de manera perpetua para ejercer funciones o cargos públicos, con restricciones a penas sustitutivas y beneficios penitenciarios.

Registro de organizaciones criminales

La iniciativa permite que una ley establezca registros de organizaciones criminales. La inclusión en ese registro produciría efectos en la determinación de la responsabilidad penal de sus integrantes, sin eliminar la obligación del Ministerio Público de acreditar la participación individual de cada imputado.

Declaración presidencial de organizaciones terroristas

El proyecto entrega al Presidente de la República la facultad de declarar que una agrupación constituye una organización terrorista o de crimen organizado, previo informe fundado del Ministerio Público o del Consejo de Seguridad Nacional. Esa declaración requeriría la aprobación del Senado por dos tercios de sus miembros en ejercicio, en sesión secreta.

Nuevo estado de excepción de seguridad pública

La reforma crea el estado de excepción constitucional de seguridad pública, que podrá ser declarado por el presidente ante una amenaza grave e inminente contra la seguridad pública o cuando esta ya haya sido gravemente afectada. Podrá extenderse por un máximo de 120 días, con una prórroga presidencial por un período equivalente, y las extensiones sucesivas requerirán siempre el acuerdo del Congreso Nacional.

Facultades durante el estado de excepción

Declarado el estado de excepción, el presidente podrá suspender o restringir la libertad personal y de locomoción, el derecho de reunión y el ejercicio del derecho de asociación. También podrá interceptar, abrir o registrar documentos y comunicaciones, además de disponer requisiciones de bienes.

Rol del Senado

La Cámara Alta deberá aprobar o rechazar, en sesión secreta y por dos tercios de sus miembros en ejercicio, la declaración presidencial sobre una agrupación considerada terrorista o de crimen organizado. Tendrá un plazo de cinco días desde la recepción de la solicitud y no podrá introducir modificaciones a la declaración.

Prestaciones sociales quedan para una ley posterior

Las restricciones a prestaciones financiadas con recursos públicos para condenados por crimen organizado, narcotráfico y terrorismo se definirán mediante una ley de quórum calificado, en lugar de quedar detalladas en la Constitución. Kast descartó que la propuesta deje a los presos sin atención médica y aseguró que mantendrán alimentación, medicamentos y condiciones básicas.

Los desafíos de la reforma de seguridad en el Senado

El proyecto requerirá un quórum de cuatro séptimos para avanzar, por lo que el Ejecutivo necesitará apoyos más allá de sus propias filas. La discusión estará marcada por el alcance de las nuevas facultades y de las inhabilidades, en un debate que la oposición anticipó que seguirá de cerca.