Registro Civil presenta querella por los matrimonios de papel
El Registro Civil presentó una querella criminal por falsificación de instrumento público y asociación ilícita contra quienes ofrecen matrimonios de papel para tramitar la residencia de extranjeros indocumentados. Pidió que la PDI investigue.
El Registro Civil presentó una querella criminal por falsificación de instrumento público y asociación ilícita contra quienes ofrecen matrimonios de papel para tramitar la residencia de extranjeros indocumentados. Pidió que la PDI investigue.
La querella fue firmada por el subdirector jurídico del servicio, Rodrigo Llambías Lascar, y solicita que la Policía de Investigaciones indague las circunstancias del ilícito y a todas las personas que participaron. Al documento tuvo acceso Teletrece, que dio a conocer la presentación este lunes.
Qué delitos imputa el Registro Civil
El servicio sostiene que los hechos divulgados configuran al menos dos delitos de extrema gravedad, porque vulneran la seguridad registral que el organismo debe resguardar. Por eso la querella no se limita a los contratantes: también alcanza a quienes promueven, facilitan o encubren la operación.
La petición incluye que la PDI establezca cómo se cometió el ilícito y qué personas tuvieron participación, para que el Ministerio Público abra la investigación correspondiente. La querella no individualiza aún a los responsables: se dirige contra quienes resulten culpables tras la indagatoria.
La investigación que originó la causa
El 26 de julio, el programa Reportajes de Teletrece mostró cómo agencias para migrantes ofrecían novios de papel para firmar un Acuerdo de Unión Civil y, con ese certificado, acceder a la residencia temporal por reunificación familiar. La investigación se extendió por meses y documentó el ofrecimiento como un servicio pagado.
La figura utilizada es el Acuerdo de Unión Civil, no el matrimonio civil, aunque la práctica se conozca popularmente como matrimonio de papel. El certificado lo emite el Registro Civil y es la puerta de entrada al trámite migratorio.
Por qué Migraciones dice que no puede frenarlo
El director nacional del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, explicó en agosto ante la prensa que la institución solo verifica la veracidad del documento que recibe. Si el Registro Civil da por cierto el acuerdo, Migraciones lo asume de la misma manera, sin comprobar la realidad del vínculo.
Lo más preocupante, dijo entonces, es que en el servicio no tienen cómo controlar esa situación. Las cifras respaldan la advertencia: entre 2022 y 2026 se aprobaron más de 10 mil residencias temporales por reunificación familiar derivadas de acuerdos de unión civil, y solo 600 fueron rechazadas, menos del 6% de las solicitudes.
El proyecto que espera al Congreso
Tras el reportaje, un grupo transversal de senadores se reunió con Migraciones para pedir el patrocinio del Ejecutivo a un proyecto que tipifica como delito el uso del Acuerdo de Unión Civil o del matrimonio con fines exclusivamente migratorios. La iniciativa contempla penas de hasta tres años de cárcel y multas que podrían superar los tres millones de pesos.
En esa reunión participaron, entre otros, los senadores Iván Flores, Paulina Núñez y Arturo Squella. También se pidió revisar la legislación de reunificación familiar por Acuerdo de Unión Civil, porque el mecanismo se diseñó para proteger vínculos reales y hoy se usa como vía de regularización.
Qué sigue para la investigación
Con la querella presentada, el caso queda en manos de la Fiscalía, que deberá decidir si abre una investigación y cita a los involucrados. La PDI tiene por delante identificar a las agencias que ofrecen el servicio y a las personas que firmaron los acuerdos sin vínculo verdadero.
El asunto también queda cruzado con la discusión migratoria: los senadores buscaban el patrocinio del Ejecutivo para el proyecto que tipifica la conducta y no hay confirmación de que lo hayan obtenido. Mientras esa ley no exista, el fraude se persigue con las figuras penales que ya están vigentes, como la falsificación de instrumento público.
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