Senado aprueba las Reglas de Uso de la Fuerza y el proyecto queda listo para ser ley

Las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF) quedaron listas para ser ley: el Senado aprobó por 29 votos a favor, 15 en contra y una abstención el informe de la comisión mixta, y el proyecto quedó despachado del Congreso.

Reglas de Uso de la Fuerza: el marco legal que regirá a policías y FF.AA.

La Sala del Senado dio su respaldo este miércoles al texto que fija un marco común para Carabineros, la PDI y las Fuerzas Armadas, y solo resta su promulgación. La iniciativa, ingresada por mensaje del Ejecutivo en 2023, establece normas generales sobre el uso de la fuerza del personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y de las Fuerzas Armadas "en determinadas circunstancias": el resguardo del orden público, la protección de recintos militares y la seguridad pública interior.

El texto fija los principios de legalidad, necesidad, responsabilidad y racionalidad, y ordena la actuación según criterios de graduación, proporcionalidad y diferenciación. También detalla los deberes del personal: planificación, identificación, advertencia, gradualidad, resguardar la vida e integridad de terceros, prestar auxilio cuando se emplea la fuerza y registrar y reportar cada procedimiento.

Las ocho reglas: del despliegue disuasivo al armamento letal

La ley escalona el uso de la fuerza en ocho reglas sucesivas, de la menos lesiva a la más grave:

• Despliegue disuasivo de fuerzas, vehículos, naves o aeronaves y porte de armas.
• Actuación mediante técnicas de comunicación, diálogo, mediación y negociación.
• Empleo de elementos disuasivos menos letales: humo, gas pimienta, lacrimógenos, sonido, luz, agua y bastones.
• Uso de dispositivos no letales para lanzar proyectiles con pintura, gas pimienta, lacrimógenos o agua.
• Control físico y reducción de la persona para doblegar su resistencia, incluido el uso de esposas. Una vez inmovilizada y sin oponer resistencia, se prohíbe ejercer fuerza en su contra.
• Municiones de salva por parte del personal militar.
• Escopetas con munición antidisturbios para repeler peligros graves e inminentes o proteger infraestructura crítica y recintos militares.
• Armamento letal contra quienes usen o se dispongan a usar armas letales, contra quien se niegue a desprenderse de un arma tras ser conminado, o ante un ataque a infraestructura crítica o un recinto militar.

El uso de la fuerza potencialmente letal, precisa el Senado, procede "solo cuando resulten insuficientes las medidas establecidas en los grados previos" y esté justificado por el cumplimiento del deber, la legítima defensa o una orden judicial.

Qué zanjó la comisión mixta

La instancia resolvió las diez discrepancias que quedaban entre ambas cámaras. Se suprimió la prohibición de la tortura, bajo el argumento de que ya está cubierta por otras normas; se aprobó el deber de resguardar la vida; se eliminó la obligación expresa de proteger a niños, niñas y adolescentes; y se suprimió la vigilancia pasiva. La utilización de la fuerza potencialmente letal se aprobó con una nueva redacción.

Críticas, reserva de constitucionalidad y qué sigue

La votación estuvo lejos de ser unánime. El senador Juan Luis Castro anunció una reserva de constitucionalidad, y un grupo de legisladores advirtió que quedaron "definiciones muy amplias" sobre el armamento letal y que la eliminación de la protección de niños, niñas y adolescentes debilita las garantías civiles. En la vereda opuesta se sostuvo que la norma "es equilibrada y contundente", que respalda a las fuerzas de orden y que complementa la ley Naín-Retamal.

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, valoró el despacho y afirmó que la ley otorgará "más certezas" a los funcionarios. "Deberíamos ver que los funcionarios actúan con mayor seguridad, pero no un cambio de técnicas o armamentos muy relevantes", planteó.

Con la aprobación del Senado, el proyecto queda en condiciones de ser promulgado como ley tras tres años de tramitación. La Cámara de Diputadas y Diputados había respaldado el informe de la comisión mixta el mismo miércoles, en una votación previa que dejó la definición en manos de la cámara alta.

Fuente: Senado de Chile.