TC despeja la Ley de Reconstrucción: elimina tres normas y queda lista para promulgar

El Tribunal Constitucional firmó la sentencia del control preventivo de la Ley de Reconstrucción Nacional y Reactivación Económica y eliminó tres normas: dos sobre cómo se compensa a los municipios y una sobre indemnizaciones por permisos ambientales anulados.

El fallo, de 103 páginas, aprobó la mayor parte del texto sometido a revisión obligatoria, incluidos los cambios a los Tribunales Ambientales. Lo que no estaba dentro de esta revisión, como la rebaja del impuesto corporativo y la invariabilidad tributaria, no sufre cambios. El tribunal firmó una semana antes de que venciera su plazo, el viernes 9 de octubre.

Qué normas eliminó el TC de la Ley de Reconstrucción

La revisión preventiva alcanzó solo a las disposiciones que, por su rango, necesitan el visto bueno del tribunal. La mayoría fue aprobada; tres grupos de normas quedaron fuera del texto.

1. La compensación a municipios por la exención de contribuciones

El proyecto exime de contribuciones a los mayores de 65 años por su vivienda principal y compensa a los municipios por esa menor recaudación. Pero condicionaba el pago a informar cada mes la dotación y las remuneraciones, y a acreditar cada 15 de abril una reducción de al menos 30% en los plazos de tramitación de permisos, medida contra el periodo 2023-2025.

Para el TC, esa condición choca con el mandato de que el Fondo Común Municipal sea un mecanismo de "redistribución solidaria": "El legislador sustituye el criterio constitucional (la necesidad) por uno distinto (el rendimiento)", dice la sentencia, que llama a los requisitos "intolerables constitucionalmente". Un municipio que reduzca sus plazos en 29% pierde íntegramente la transferencia del año, igual que uno que no hizo ningún esfuerzo. Eliminados los requisitos, la compensación "opera de forma íntegra e incondicionada".

2. El aporte de las comunas al Fondo Común Municipal

El inciso sexto del artículo 17 transitorio liberaba en 2027 y 2028 a "las municipalidades" de aportar al Fondo Común Municipal la mayor recaudación por patentes comerciales y tarifas de aseo morosas. El tribunal constató que solo cuatro comunas aportan patentes al fondo, Santiago, Providencia, Las Condes y Vitacura, y que al resto "los exime de una obligación que nunca tuvieron". El efecto, dice, es una "concentración regresiva de recursos" a costa de las cerca de 300 municipalidades que reciben del Fondo más de lo que aportan.

3. La indemnización por permisos ambientales anulados

Cae también el artículo 12, que permitía reclamar ante la Corte de Apelaciones de Santiago el monto de la indemnización para proyectos cuya Resolución de Calificación Ambiental fuera anulada. En agosto el TC ya había declarado inconstitucional ese derecho; el fallo cerró el capítulo porque mantener el artículo dejaba "una competencia sin materia sobre la cual recaer".

En los dos puntos municipales votaron en contra los ministros Héctor Mery y Marcela Peredo, para quienes las exigencias respondían a los principios de probidad y transparencia y la inconstitucionalidad "es de última ratio".

Qué sigue: el camino hacia la promulgación

El fallo ordena comunicar la decisión a la Cámara de Diputados, que debe despachar el texto al Ejecutivo. Hacienda revisa los alcances de la sentencia y la promulgación podría concretarse la próxima semana: si la publicación en el Diario Oficial ocurre en octubre, las primeras medidas regirán desde el 1 de noviembre.

La megarreforma acumuló varios frentes ante el TC: tres requerimientos de la oposición sobre invariabilidad tributaria, indemnización por RCA anulada y concesiones de acuicultura, acogidos parcialmente en agosto, y un recurso del presidente José Antonio Kast contra la norma que obliga a reconectar gratis los suministros básicos en zonas de catástrofe, rechazado por 9 votos contra 1.

Mientras, el Congreso discute el primer Presupuesto 2027 del Gobierno de Kast, con un alza de 1,5%, y la actividad sigue débil: el Imacec de agosto cayó 1%. La sentencia aclara que el legislador sí puede exigir eficiencia a los municipios, pero no a través de la llave del Fondo Común Municipal. El detalle fue recogido por Emol y BioBioChile.