Justicia rebaja 19 meses de condena a exagente CNI por los secuestros de 1987

El Ministerio de Justicia concedió una rebaja de condena de 19 meses al exagente de la CNI César Acuña Luengo, sentenciado por los secuestros de cinco detenidos desaparecidos en 1987.

El decreto exento fue firmado el 20 de mayo de 2026 por el subsecretario de Derechos Humanos Pablo Mira Hurtado, como ministro de Justicia subrogante y "por orden del Presidente de la República". Movió el término de la pena desde el 2 de mayo de 2027 al 2 de octubre de 2025. El documento fue divulgado por BioBioChile, que accedió a su contenido.

Qué argumenta el decreto de rebaja de condena

El texto sostiene que la Seremi de Justicia Metropolitana acreditó los requisitos de la Ley 19.856, que regula la reducción de condenas, y que no concurre ninguna causal de exclusión. Para respaldarlo invoca dos sentencias de la Corte Suprema de 2014 y un fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago de 2018, presentados como jurisprudencia uniforme: según esa lectura, el ministerio "no está habilitado para denegar el beneficio de reducción de condena fundado en la gravedad del delito".

La firma llegó un día después de que la Corte de Apelaciones de Santiago ordenara a la cartera pronunciarse sobre el beneficio, tras un amparo del abogado del condenado, Ricardo Bravo Cornejo. El tribunal acogió el recurso solo en cuanto a la obligación de responder, sin ordenar conceder la rebaja.

El caso de los cinco detenidos desaparecidos de 1987

Acuña Luengo fue condenado por la Corte Suprema el 21 de marzo de 2017 a diez años y un día de presidio como autor del secuestro calificado de Alejandro Pinochet Arenas, una de las cinco víctimas de la Operación Príncipe, ejecutada como represalia por el secuestro del coronel Carlos Carreño. También desaparecieron Julián Peña Maltés, Manuel Sepúlveda Sánchez, Gonzalo Fuenzalida Navarrete y Julio Muñoz Otárola.

Según los hechos acreditados, las detenciones ocurrieron entre el 9 y el 10 de septiembre de 1987 sin orden judicial. Los cinco fueron llevados al cuartel Borgoño y luego trasladados en helicóptero desde el Fuerte Peldehue hasta las costas de Quintay, donde fueron arrojados al mar atados a durmientes. Sus restos no han sido encontrados. El fallo reconoce el carácter permanente de los secuestros y su condición de crímenes de lesa humanidad.

Una condena previa y el recinto donde cumplía pena

En agosto de 2007 la Corte Suprema ya lo había condenado a tres años por el homicidio simple de Recaredo Ignacio Valenzuela Pohorecky, en la Operación Albania. Esa pena está cumplida y la rebaja de este año corresponde solo a los secuestros. Acuña era el único de los tres condenados por graves violaciones a los derechos humanos que cumplía pena en Colina I; los otros dos permanecían en Punta Peuco.

Las familias cuestionan el criterio

El abogado Francisco Bustos, del estudio Caucoto, que representa a familiares de las víctimas, sostuvo que los tribunales también han respaldado excluir de estos beneficios a condenados por crímenes de lesa humanidad, considerando las obligaciones internacionales del Estado. "No basta la sola aplicación de las normas en materia de beneficios, sino que deben ser integradas con el derecho internacional", afirmó.

Como ejemplo mencionó a Patricio Leonidas González Cortés, condenado a la misma pena en la misma causa, cuya solicitud de una rebaja cercana a los 19 meses fue rechazada durante la gestión del exministro Jaime Gajardo, considerando el reconocimiento del delito y la colaboración para esclarecer el destino de las víctimas. "No es un criterio zanjado", dijo Bustos, quien agregó que las familias no fueron informadas ni de la postulación ni de la resolución.

El debate por las rebajas de condena

La divulgación del decreto ocurre en medio de una discusión abierta sobre la Ley 19.856. Esta semana se conoció que Justicia firmó 56 decretos de rebaja a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores entre marzo y septiembre, lo que derivó en una interpelación anunciada por parlamentarios de oposición. Ese antecedente está detallado en esta nota de Liven.

En el caso de Acuña, el decreto no detalla los informes que respaldaron la evaluación. Detrás de la decisión siguen cinco familias que no han podido enterrar a sus muertos.