Reglas de Uso de la Fuerza: 13 senadores de oposición las impugnan ante el Tribunal Constitucional

Trece senadores de oposición presentaron un requerimiento ante el Tribunal Constitucional contra dos normas de las Reglas de Uso de la Fuerza, despachadas por el Senado el miércoles. Cuestionan el principio de proporcionalidad y las hipótesis de uso de fuerza potencialmente letal.

La presentación, informada por Radio Bío Bío, abre un nuevo flanco para uno de los avances más visibles de la agenda de seguridad del Gobierno. El proyecto regula el accionar de policías y Fuerzas Armadas y fue despachado por el Senado el miércoles 7 de octubre por 29 votos a favor, 15 en contra y una abstención.

Qué normas impugnan los senadores

El requerimiento apunta a dos disposiciones: el principio de proporcionalidad y las hipótesis de uso de fuerza potencialmente letal. Según los requirentes, algunas de esas normas permitirían utilizar armas de fuego sin que exista necesariamente un peligro grave o inminente para la vida del funcionario o de terceros. Esos mismos reparos ya habían sido planteados durante la tramitación en el Senado, donde la oposición anunció una reserva de constitucionalidad por la exclusión de la proporcionalidad y por las eximentes de responsabilidad penal que contempla el texto.

Qué dicen los senadores que firmaron

El senador socialista Juan Luis Castro, uno de los firmantes, explicó que el objetivo es que el Tribunal Constitucional revise esas disposiciones antes de que la iniciativa complete su tramitación. El requerimiento reúne a trece senadores de oposición y fue dado a conocer este sábado, dos días después de que la Cámara Alta cerrara su votación.

Qué pasa ahora con las RUF

El requerimiento debe superar primero una revisión formal del Tribunal Constitucional. Si se admite a trámite, el organismo tendrá que pronunciarse sobre las normas cuestionadas antes de que las Reglas de Uso de la Fuerza puedan cerrar definitivamente su proceso legislativo, ya que toda ley requiere control preventivo de constitucionalidad antes de su promulgación. Hasta ahora el proyecto había avanzado con respaldo transversal: tanto la Cámara como el Senado aprobaron el informe de la comisión mixta con amplias mayorías.

El texto reemplaza la regulación hoy dispersa en decretos, circulares e instructivos y fija un marco general para el uso de la fuerza, con criterios de graduación, necesidad, proporcionalidad y diferenciación. El Senado lo aprobó con 29 votos a favor el miércoles, un día después de que la Cámara respaldara el informe de la comisión mixta.

La agenda de seguridad, en paralelo

El traspié constitucional ocurre justo cuando el Ejecutivo intenta mantener el ritmo de su agenda de seguridad. La Comisión de Constitución del Senado despachó esta semana las modificaciones a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, que establecen un máximo de 10 años de sanción para adolescentes de 14 y 15 años y de 15 años para jóvenes de 16 y 17. Además, en delitos de especial gravedad se exigiría un período efectivo de privación de libertad, y la fuga durante el cumplimiento de la pena pasaría a considerarse quebrantamiento de condena.

El presidente de la comisión, Pedro Araya, sostuvo que el cambio apunta a jóvenes que cometen delitos violentos y que entran y salen de manera reiterada del sistema penal. En paralelo, el Senado comenzó a tramitar la nueva reforma constitucional de seguridad, impulsada por senadores de oficialismo y oposición después de que el Gobierno decidiera no perseverar con su propuesta original, que concentra la discusión en el crimen organizado, el régimen penitenciario y el estado de emergencia.

Uno de los impulsores de esa reforma, el senador Iván Flores, también se refirió al requerimiento contra las Reglas de Uso de la Fuerza: aclaró que su posición no significa que esté en desacuerdo con un proyecto que él mismo votó a favor. Por ahora, la atención vuelve a estar puesta en el Tribunal Constitucional.