El Gobierno ingresó este lunes al Senado ocho reformas constitucionales de su Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT). La más polémica crea un nuevo estado de excepción que permite restringir libertades e interceptar comunicaciones donde opera el crimen organizado.
El Gobierno de José Antonio Kast ingresó con suma urgencia al Senado la reforma constitucional de seguridad. La iniciativa contempla ocho cambios a la Constitución e incluye un nuevo estado de excepción y la inhabilitación perpetua para cargos públicos de condenados por crimen organizado.
La UDI advirtió que la reforma constitucional de seguridad impulsada por el Gobierno, en los términos conocidos, no contaría con su respaldo: su presidente, Guillermo Ramírez, afirmó que llevar excepciones legales a la Constitución termina por debilitarla.
El Tribunal Constitucional acogió parcialmente los tres requerimientos de la oposición contra la megarreforma y recortó sus blindajes tributarios. La sentencia, conocida la noche del jueves, anuló además las indemnizaciones ligadas a resoluciones de calificación ambiental.
El presidente José Antonio Kast aceptó la renuncia de la ministra del Deporte, Natalia Duco, y del subsecretario Andrés Otero, en medio de la controversia por el uso irregular de un auto fiscal. El reemplazante de la exatleta sería nombrado durante la jornada de este viernes.
El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, respondió con dureza a las críticas de la exministra del Interior Carolina Tohá a la agenda de seguridad del Gobierno, asegurando que ella representa a quienes "se sienten cómodos con un sistema garantista".
El Gobierno de José Antonio Kast anunció una reforma constitucional para consagrar la seguridad pública como deber del Estado y agravar las penas por pertenencia a organizaciones criminales. Constitucionalistas y oposición cuestionan el anuncio: aseguran que la Carta Fundamental ya lo establece.