Gobierno de Kast impulsa reforma constitucional para consagrar la seguridad como deber del Estado

El Gobierno de José Antonio Kast anunció una reforma constitucional para consagrar la seguridad pública como deber del Estado y agravar las penas por pertenencia a organizaciones criminales. Constitucionalistas y oposición cuestionan el anuncio: aseguran que la Carta Fundamental ya lo establece.

Qué propone la reforma constitucional de seguridad

En una cadena nacional realizada el 5 de agosto, el presidente Kast anunció el envío al Congreso de una reforma para "consagrar, sin ambigüedad, que proteger la seguridad de las personas es un deber del Estado", según lo oficializó la Vocería de Gobierno al día siguiente. La iniciativa busca que pertenecer a una organización criminal sea, por sí solo, un delito con penas agravadas.

Las medidas concretas

Además del nuevo delito de pertenencia a organizaciones criminales, el proyecto propone ampliar la detención en flagrancia de 12 a 24 horas, crear un régimen penitenciario especial para condenados por narcotráfico y permitir la incautación y destrucción de bienes de origen ilícito. En el anuncio, el mandatario sostuvo que "por primera vez, el Estado va a decir en su propia Constitución que proteger a su gente no es una opción más, sino una obligación".

El contexto: la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo

La reforma se enmarca en la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), un paquete de una treintena de proyectos legislativos, de los cuales 20 ya están en tramitación. El plan incluye despliegue policial permanente en 50 barrios críticos y el refuerzo del control fronterizo, con retención y expulsión de extranjeros en situación irregular. En paralelo, el Gobierno ha impulsado operativos policiales: uno realizado el viernes 7 de agosto con más de 5.000 efectivos de Carabineros y la PDI dejó 1.341 detenidos y más de 800 kilos de droga incautados.

Las críticas: "ya está en la Constitución"

La iniciativa generó reparos entre expertos y legisladores. El constitucionalista Javier Couso (UDP) afirmó que el anuncio es "redundante", porque el artículo 1 de la Constitución ya establece que es deber del Estado "resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia". "Lamento tener que desmentir al Presidente. Eso es falso", señaló. El exministro de Justicia y Seguridad Luis Cordero consideró que la reforma "es innecesaria" y que "desde el punto de vista aplicativo, no agrega nada".

En la oposición, el jefe de bancada de diputados socialistas, Raúl Leiva, calificó la reforma de "absolutamente irrelevante" y sostuvo que "no tiene ningún sentido", acusando al Gobierno de confundir "las normas de orden público con la seguridad pública".

La defensa del Gobierno

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, explicó que buscan "un nivel de profundidad que requiera habilitación constitucional", como contar con un listado completo de las organizaciones criminales y terroristas con una vía más ágil para combatirlas. El subsecretario general de la Presidencia, José Francisco Lagos, señaló que la modificación busca "fijar como deber primordial del Estado el proteger la seguridad de las personas".

Qué sigue en el Congreso

El texto de la reforma aún no se conoce públicamente y deberá pasar por el Congreso, donde requerirá quórum de reforma constitucional para su aprobación. El análisis de la iniciativa continuará en las próximas semanas, mientras el Gobierno mantiene el despliegue de la agenda de seguridad en las calles. El detalle del anuncio fue informado por El País.