Sumario en Carabineros por acoso laboral a funcionaria con TEA en Los Lagos

El jefe de Carabineros en Los Lagos, general Francisco Aravena, confirmó un sumario por la denuncia de acoso laboral de una funcionaria con trastorno del espectro autista (TEA). La Contraloría exigió a la institución responder en diez días.

El caso se conoció esta semana y suma dos frentes simultáneos: la investigación interna que dispuso Carabineros y las gestiones de la funcionaria ante la justicia y ante organismos internacionales de derechos humanos.

Qué denuncia la funcionaria

La denunciante, identificada únicamente con las iniciales I.G. para resguardar su identidad, es funcionaria de la 10ª Zona Policial y tiene una discapacidad acreditada. Según su testimonio, sufrió hostigamiento y discriminación durante más de un año, situación que atribuye a su condición y a las solicitudes que presentó para capacitar al personal en materia de autismo.

De acuerdo con su relato, publicado por Reporte Diario y BioBioChile, uno de los episodios más duros ocurrió cuando pidió autorización para cursar estudios universitarios y dictar capacitaciones sobre autismo: la respuesta de un exgeneral de la zona habría sido agresiva.

Producto de esa situación, la funcionaria describe un cuadro depresivo severo y permanece alejada de sus funciones desde febrero. Su caso, sostiene, no fue abordado por los canales internos de la institución, lo que la llevó a recurrir a instancias externas.

El plazo de la Contraloría

El organismo contralor tomó cartas en el asunto y requirió a Carabineros una respuesta formal. El plazo es de diez días corridos contados desde el 3 de noviembre, es decir, vence en los próximos días.

Ese requerimiento es relevante porque no depende de la investigación interna: la Contraloría puede emitir observaciones o instruir medidas si considera que la respuesta institucional es insuficiente, con independencia de lo que concluya el sumario administrativo.

Los otros dos frentes

En paralelo, la funcionaria presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, que debe pronunciarse sobre eventuales vulneraciones de derechos fundamentales. Además, llevó su denuncia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde solicitó medidas cautelares.

Qué dice Carabineros

La institución confirmó la existencia del sumario a través de su jefatura regional, sin entregar por ahora detalles sobre los cargos ni sobre los plazos de la investigación. Tampoco se ha informado si la funcionaria será reincorporada a sus funciones mientras el proceso avanza.

En casos de este tipo, el sumario administrativo es el mecanismo que permite a la institución reunir testimonios, documentos y declaraciones de testigos para establecer si hubo faltas a la normativa interna. Su resultado puede derivar en sanciones, sobreseimientos o en la aplicación de medidas disciplinarias intermedias.

Qué sigue

• Contraloría: la respuesta de Carabineros debe llegar dentro de los diez días corridos fijados desde el 3 de noviembre.
• Corte de Apelaciones de Puerto Montt: debe resolver el recurso de protección presentado por la funcionaria.
• CIDH: evalúa la solicitud de medidas cautelares y el relato de la denunciante.
• Sumario administrativo: en curso, sin plazo público de cierre.

Por ahora no existen responsabilidades administrativas determinadas: lo que hay es una denuncia, una investigación abierta y un organismo fiscalizador exigiendo antecedentes. El desarrollo del caso permitirá saber si la institución actuó con la diligencia que exige la normativa sobre inclusión laboral y acoso en el sector público.