Corte Suprema frena la renuncia de la ministra Rosa Aguirre y exige explicaciones a Valparaíso

El pleno de la Corte Suprema rechazó la renuncia de la ministra Rosa Aguirre, de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, y la retuvo en el cargo hasta que ese tribunal explique por qué no abrió un sumario en su contra.

La decisión apunta a evitar que la magistrada deje la judicatura sin que antes se investigue administrativamente el caso que la tiene cuestionada.

Qué decidió la Corte Suprema

El máximo tribunal no se limitó a frenar la salida de Aguirre. También ofició a la Corte de Valparaíso para que entregue los antecedentes sobre los motivos por los que hasta ahora no ha cursado el procedimiento disciplinario. Según consignó Cooperativa.cl, la medida fue presentada al interior del Poder Judicial como una señal contra la impunidad.

La renuncia había ingresado el lunes 2 de noviembre y venía acompañada de un certificado que acreditaba que la ministra no estaba sometida a ningún sumario. Ese documento es clave: sin una investigación administrativa en curso, una magistrada puede dejar el cargo sin que se establezcan responsabilidades por su desempeño. Aguirre no se presenta en Sala desde hace una semana, por encontrarse con licencia médica.

Por qué el tribunal de alzada no abrió sumario

El pleno de la Corte de Valparaíso ya había abordado el caso el viernes 30 de octubre, en una sesión extraordinaria citada a las 8:30 de la mañana. En esa instancia los jueces resolvieron no abrir el procedimiento sancionatorio y, en su lugar, pedir un informe sobre lo sucedido.

La presidenta del tribunal, Silvana Donoso, explicó que la idea es contar con ese antecedente antes de decidir si existe mérito suficiente para avanzar hacia un sumario. La diferencia no es menor: el informe describe, el sumario investiga y puede terminar en sanciones. Mientras el primero no concluya, la situación de la ministra queda en un limbo que la Suprema decidió no tolerar.

El origen del caso: casi 20 años de fallos redactados por otra abogada

El caso se conoció a fines de octubre, cuando La Tercera reveló que Aguirre pagó durante casi dos décadas a una abogada externa para que redactara sus sentencias. Según el detalle del expediente recogido por El Mostrador, la relación laboral con Damaris Silva comenzó en 2009, el mismo año en que la magistrada asumió en la Corte de Apelaciones de Valparaíso.

De acuerdo con esa misma información, al inicio pagaba 10.000 pesos por fallo y desde 2015 desembolsaba 300.000 pesos mensuales. Las jornadas se extendían hasta 14 horas y comprendían sábados, domingos y feriados, sin pagos adicionales. Cuando Silva pidió un aumento, fue despedida y se le pidió no hablar del arreglo con nadie.

La abogada presentó una demanda laboral. La ministra fue notificada y las partes llegaron a un acuerdo, pero el expediente quedó con el relato de cómo se repartía el trabajo. "La demandada me transmitía el sentido en que esperaba que el asunto fuera trabajado", declaró Silva, con instrucciones como "hay que rechazar", "hay que acoger" o "hay que revocar".

Qué implica un sumario y qué viene ahora

En el Poder Judicial, el sumario administrativo es el procedimiento que permite investigar la conducta funcionaria de un juez o jueza y, si corresponde, aplicar medidas que van desde la censura y la suspensión hasta la remoción del cargo. Su apertura no supone una condena: es la instancia donde se reúnen pruebas y se escuchan descargos.

Aguirre tiene 73 años y es la segunda antigüedad judicial entre los ministros de las apelaciones de Valparaíso, una posición que en la carrera judicial pesa al momento de integrar salas y definir turnos. El paso siguiente depende de la Corte porteña: deberá responder al requerimiento de la Suprema y precisar por qué optó por un informe en lugar de un sumario.

El desenlace tiene dos efectos concretos. Uno es disciplinario, sobre la carrera de la propia magistrada. El otro es institucional: el caso dejó al descubierto que una práctica de casi dos décadas no fue detectada por ningún control interno, en una de las jurisdicciones con mayor carga de causas del país. La revisión de esos mecanismos quedó, por ahora, en manos de los mismos tribunales que no vieron lo que ocurría.