Reajuste al sector público: funcionarios piden 6,3% nominal y 2% real para 2027

La Mesa del Sector Público entregó en La Moneda su petitorio de reajuste al sector público para el período 2026-2027: un alza nominal de 6,3% y un 2% real para el período diciembre 2026 - noviembre 2027, además de pisos de remuneración, bonos y garantías de estabilidad laboral.

La propuesta fue presentada el miércoles 4 de noviembre por las 16 organizaciones que integran la mesa, entre ellas la CUT y la Confederación Nacional de Funcionarios Municipales de Chile (ASEMUCH). Su presidenta nacional, Lisetty Sotelo, encabezó la entrega junto a dirigentes de base, según el Comunicado Público N°30 del gremio municipal.

Qué contiene la propuesta de reajuste al sector público

El documento pide un reajuste nominal de 6,3% y un reajuste real de 2% "considerando la evolución de la inflación", con vigencia desde diciembre de 2026 y hasta noviembre de 2027. La diferencia entre ambas cifras es la inflación que las organizaciones estiman para el período.

Además del porcentaje general, el pliego fija pisos de remuneración bruta mensual a partir de enero de 2027: 609.766 pesos en el estamento auxiliar, 678.612 pesos en el administrativo y 721.885 pesos en el técnico.

Bonos y rentas más bajas

Para los sueldos más bajos, los funcionarios solicitan un bono mensual con un aporte máximo de 67.935 pesos, destinado a quienes perciban remuneraciones brutas iguales o inferiores a 727.582 pesos.

El pliego también incluye un bono de término de negociación de 250 mil pesos para quienes tengan ingresos líquidos inferiores a 1.030.474 pesos y de 125 mil pesos para quienes superen ese umbral. A eso se suman mejoras en los aguinaldos de Navidad y Fiestas Patrias, en los bonos de escolaridad y de vacaciones.

En la práctica, el reajuste define cuánto subirá la remuneración de cientos de miles de trabajadores del Estado desde diciembre, incluidos municipios, servicios públicos y programas que operan con contrata. Es el mismo porcentaje que suele replicarse en el reajuste de pensiones del sector público.

Estabilidad laboral, el otro eje de la negociación

Las organizaciones pusieron el foco en la permanencia en el empleo, en un escenario de cambios de criterio de la Contraloría General de la República sobre el empleo público. Piden una propuesta legal que refuerce las garantías frente a desvinculaciones arbitrarias y que las normas sobre renovación de contratas pasen a rango reglamentario.

También solicitan fortalecer las instancias de revisión de las no renovaciones de contrata, regularizar a trabajadores a honorarios que cumplen funciones permanentes, reforzar las atribuciones fiscalizadoras del Servicio Civil y avanzar hacia una jurisdicción especializada para los conflictos laborales de los funcionarios públicos.

40 horas, teletrabajo y sala cuna

El petitorio vuelve a incluir la reducción de la jornada a 40 horas semanales en el sector público, sin disminución de remuneraciones ni deterioro de la atención a la ciudadanía, y pide reactivar la mesa técnica con un cronograma de implementación.

En teletrabajo, las asociaciones solicitan extender hasta 2030 las normas que permiten su aplicación en distintos organismos del Estado mientras se discute una regulación permanente. La lista se completa con demandas de salud mental, seguridad funcionaria, igualdad de género, ampliación del derecho a sala cuna para todos los trabajadores públicos y garantías de cuidado para hijos de entre dos y doce años.

Qué sigue

Con la entrega del pliego comienza formalmente la negociación entre la Mesa del Sector Público y el Ejecutivo, que debe traducirse en un proyecto de ley de reajuste para que los nuevos montos rijan desde diciembre. La discusión ocurre en paralelo a la tramitación del Presupuesto 2027 en el Congreso, en un contexto de restricción fiscal que el propio Ejecutivo ha reconocido.

Los funcionarios advirtieron que la negociación no se limita al porcentaje de alza: también medirá la disposición del Gobierno a avanzar en compromisos laborales pendientes, varios de ellos arrastrados desde administraciones anteriores.

Fuente: Comunicado Público ASEMUCH N°30 y Diario Financiero.