Robo de cobre en El Teniente: 55 imputados y 7 quedan en prisión preventiva
El Juzgado de Garantía de Rancagua dejó a 7 de 55 imputados en prisión preventiva por robar cobre en El Teniente y cables de telecomunicaciones. La Fiscalía sindica a un excarabinero como líder de la banda.
El robo de cobre El Teniente cerró su primera gran audiencia con siete personas en prisión preventiva y 55 imputados. El Juzgado de Garantía de Rancagua resolvió las cautelares tras tres días de exposición de la Fiscalía Regional de O'Higgins.
Qué resolvió el Juzgado de Garantía de Rancagua
De los 55 imputados, siete quedaron en prisión preventiva por todo el tiempo que dure la investigación. Entre ellos está un excarabinero que el Ministerio Público sindica como líder de la banda y que fue dado de baja de Carabineros en 2023, por una causa de receptación ligada justamente al robo de cobre.
Otros diez imputados recibieron arresto domiciliario total. Los 38 restantes quedaron con medidas menos gravosas, como firma mensual y arresto nocturno. El tribunal fijó en 210 días el plazo de investigación.
De robo a hurto: qué cambió en la causa
Uno de los puntos que se ajustó en la audiencia fue la calificación del delito. Fiscalía y defensas acordaron modificar el cargo original de robo por el de hurto. La diferencia no es menor: el robo supone apoderarse de una especie ajena usando fuerza, violencia o intimidación, y tiene una pena más alta. El hurto, en cambio, es la sustracción sin esas condiciones. Esa decisión puede repercutir en las penas que finalmente se pidan si la causa llega a juicio oral.
Cómo operaba la red del robo de cobre El Teniente
La investigación, bautizada como operación Beta Roja, movilizó a más de 300 funcionarios de la PDI. Los allanamientos se realizaron en Rancagua, Machalí, Mostazal y otras comunas de la región de O'Higgins, y permitieron incautar cobre, vehículos, dinero en efectivo, armas de fuego y municiones.
Según lo expuesto por el fiscal Carlos López, la organización operó entre 2024 y 2026 y habría cometido más de 30 hechos en O'Higgins y la Región Metropolitana. Los objetivos eran la División El Teniente de Codelco y la empresa de transmisión Transelec. La causa incluye además sustracciones de cables en la Central Hidroeléctrica Rapel y en la planta de Chancado del mineral.
Información desde adentro y traslado a caballo
Uno de los elementos más llamativos del caso es cómo salía el metal de la faena. La Fiscalía sostiene que la banda contaba con información de trabajadores de empresas contratistas al interior de la mina, quienes habrían entregado datos sobre los turnos de los guardias de seguridad y los lugares donde se podía sustraer el cobre.
Con esos antecedentes, el material se trasladaba por rutas cordilleranas aledañas al yacimiento, con apoyo de caballos y mulas, hasta centros de acopio. Uno de ellos habría sido una pesebrera facilitada por uno de los imputados. En un caso expuesto en la audiencia, una persona mantenía al menos 650 kilos de cobre sustraído.
Para la salida comercial, la organización habría usado empresas de fachada que daban apariencia de legalidad al traslado y la venta del metal, especialmente hacia la Región Metropolitana. La Fiscalía abrió una línea separada por lavado de activos para establecer cómo se incorporaron o disimularon esos ingresos.
También se investiga la receptación: quienes compraban el cobre conocían su procedencia ilícita. Las cuadrillas especializadas en el corte de cables trabajaban con vigías que alertaban sobre la presencia policial.
Por qué el robo de cobre afecta a todo el país
El caso no es solo un delito patrimonial contra una minera. Los robos de cables de alta tensión provocan interrupciones del suministro eléctrico que afectan a hogares, comercios y servicios básicos, y el cobre sustraído de faenas de Codelco golpea directamente el principal producto de exportación del país.
La organización también habría utilizado equipos para dificultar las interceptaciones telefónicas, lo que explica el tono de criminalidad organizada que la Fiscalía le dio a la investigación. El trabajo previo tomó seis meses de diligencias coordinadas con la PDI, a partir de denuncias de las empresas afectadas.
La investigación continúa y no se descarta la participación de nuevas personas. Los antecedentes de la audiencia fueron reportados por Radio Bio Bio y por el medio local El Rancagüino.
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