Minsal audita contratos de hospitales con sociedades médicas por más de 206 mil millones

El Ministerio de Salud inició una auditoría a los contratos de hospitales públicos con sociedades médicas, tras destinar la red asistencial más de 206.619 millones de pesos a estas empresas durante 2025, según cifras obtenidas por El Mercurio vía Transparencia.

La revisión apunta, entre otros aspectos, a contrataciones con sociedades integradas por médicos que también trabajan en los recintos que adquieren sus servicios.

Una revisión a las compras de servicios médicos

La auditoría fue instruida en junio por el subsecretario de Redes Asistenciales, Julio Montt, quien explicó que la medida busca profundizar la revisión de las compras de servicios médicos, debido a las distintas modalidades de contratación y al peso que estos mecanismos tienen tanto en el funcionamiento de los hospitales como en el uso de los recursos públicos.

El marco legal que regula estas operaciones cambió en diciembre de 2023, cuando la Ley de Compras restringió los contratos entre hospitales y sociedades médicas. La normativa, sin embargo, contempla excepciones que permiten autorizarlos bajo determinadas condiciones, lo que ha mantenido vigente un flujo millonario de recursos hacia este tipo de empresas.

Según consignó Radio Cooperativa, la revisión del ministerio busca fiscalizar precisamente esas excepciones y verificar que las contrataciones se ajusten a la normativa vigente.

Los casos que motivan la revisión

El reportaje original de El Mercurio documentó varios casos. En el Hospital Sótero del Río, el anestesista Jaime Pino, contratado por 28 horas semanales, también integra la sociedad Pino y Córdova. Desde 2024, esa empresa registra 64 órdenes de compra por más de 4.178 millones de pesos con el mismo recinto, y su último trato directo, vigente entre enero y junio de este año, alcanzó cerca de 539 millones de pesos, justificado por la necesidad urgente de contar con servicios de anestesia.

En el mismo hospital opera la sociedad Traumahard, vinculada al médico Luis Hernández, funcionario del establecimiento. En abril, la Contraloría anunció un sumario y una fiscalización por una contratación de 680 millones de pesos, al considerar que la resolución que respaldó el acuerdo no estaba debidamente fundamentada.

En el Hospital Eloísa Díaz de La Florida se detectaron situaciones similares. Una de ellas corresponde a JGR Compañía Limitada, propiedad del médico José Luis Galindo, que registra compras por más de 2.848 millones de pesos desde 2017. Otra es Medicina Austral Limitada, del traumatólogo Manuel Acosta, que desde 2016 ha prestado servicios por más de 6.077 millones de pesos. El establecimiento señaló que ambos contratos fueron adjudicados mediante licitaciones públicas y que actualmente no se encuentran vigentes.

Las defensas y las críticas

Desde el Hospital Sótero del Río defendieron estas contrataciones, señalando que permiten cubrir atenciones que no alcanzan a realizarse con los recursos disponibles durante la jornada institucional. Según el recinto, sin estos acuerdos no sería posible cubrir totalmente las garantías en salud que quedan fuera de las prestaciones en horario y medios institucionales.

La presidenta del Colegio Médico, Anamaría Arriagada, sostuvo que las sociedades médicas surgieron como respuesta a modalidades de contratación hospitalaria extremadamente rígidas, y que muchas veces son la única forma que tienen los hospitales de dar continuidad a la atención.

La visión crítica, en cambio, sostiene que estos mecanismos no han resuelto los problemas de fondo. El exsuperintendente de Salud y académico de la Universidad Andrés Bello, Manuel Inostroza, planteó que los hospitales públicos han ido bajando su eficiencia y que estas sociedades, lejos de ser una solución, forman parte del problema de falta de control y de indisciplina. En la misma línea, el exministro Jaime Mañalich afirmó que las sociedades médicas pudieron ser necesarias en su origen, pero que actualmente generan un desincentivo para la contratación de jornadas completas en la red pública.

La auditoría del Minsal se suma así a un debate que lleva años instalado en el sistema público de salud: cómo conciliar la urgencia de cubrir atenciones con el control del gasto y la transparencia en el uso de los recursos hospitalarios.