Residuos peligrosos: el Senado despacha el proyecto que frena su exportación

El Senado despachó a la Cámara de Diputadas y Diputados el proyecto que modifica la Ley 20.920 para frenar la exportación de residuos peligrosos: la salida de esos desechos será excepcional y exigirá acreditar que Chile no puede tratarlos.

La votación se realizó el jueves 24 de septiembre y el texto quedó en condiciones de iniciar su segundo trámite constitucional. La moción es de autoría del senador Esteban Velásquez y su objetivo es restringir la salida de desechos nocivos del territorio nacional, además de alinear la legislación chilena con los compromisos del Convenio de Basilea, el tratado internacional que regula el movimiento transfronterizo de desechos peligrosos y su eliminación.

Qué cambia el proyecto que modifica la Ley 20.920

El nuevo informe fue presentado en la sala por el senador Sergio Gahona, quien detalló el diseño del permiso. La autorización para exportar residuos peligrosos ya no será un trámite de rutina: tendrá carácter excepcional y solo podrá otorgarla el Ministerio del Medio Ambiente cuando se acrediten dos exigencias de manera conjunta.

La primera es que en Chile no se disponga de la capacidad técnica, de los servicios o de los lugares adecuados para eliminar o valorizar esos residuos de manera ambientalmente racional y eficiente. La segunda es que los residuos sean requeridos como materias primas por industrias de reciclaje o recuperación en el Estado de importación.

El texto mantiene una puerta abierta para la exportación en el marco de acuerdos suscritos entre Chile y otros Estados, pero con una condición explícita: esos convenios no pueden contradecir los objetivos del Convenio de Basilea. Es decir, la excepción sigue existiendo, pero deja de ser la vía normal para sacar desechos del país.

Fiscalización: informes semestrales y declaración jurada

El proyecto también refuerza los mecanismos de control. Los gestores autorizados deberán informar semestralmente su capacidad técnica disponible al Ministerio del Medio Ambiente, de modo que la autoridad pueda verificar si realmente falta infraestructura nacional para tratar esos residuos.

Los exportadores, en paralelo, tendrán que acompañar una declaración jurada y antecedentes técnicos que demuestren la falta de capacidad nacional. La lógica es invertir la carga de la prueba: ya no basta con querer exportar, hay que documentar por qué no queda otra opción ambientalmente razonable.

Los argumentos que se escucharon en la sala

Durante la votación se destacó que la iniciativa entrega "reglas legales explícitas para elevar los estándares de protección y evitar vacíos regulatorios", con un estricto resguardo ambiental. El autor de la moción, el senador Velásquez, subrayó que la norma resguarda el principio de progresividad y no regresión en materia ambiental, y reconoció que durante la tramitación el texto "ha sido mejorado".

El senador Sebastián Keitel planteó el proyecto como una oportunidad para incentivar el desarrollo y fortalecimiento de la industria nacional del reciclaje, asegurando que la exportación sea "una excepción bien justificada y no la regla general". El senador Ricardo Celis, en tanto, subrayó la importancia de reducir al mínimo el movimiento transfronterizo de desechos peligrosos.

Qué sigue en la tramitación

Con el despacho del Senado, la propuesta pasa ahora a la Cámara de Diputadas y Diputados, donde deberá ser discutida en comisiones antes de volver a la sala. Si el texto sufre cambios, tendrá que volver al Senado para un tercer trámite; si no, quedará en condiciones de convertirse en ley.

El marco que se modifica es la Ley 20.920, que establece el marco para la gestión de residuos, la responsabilidad extendida del productor y el fomento al reciclaje. El detalle de la votación y de las exigencias del nuevo permiso está en la noticia oficial del Senado, y el texto del tratado que inspira la norma puede consultarse en el sitio del Convenio de Basilea.