Contraloría detecta 1.044 beneficiarios sin requisitos en ProEmpleo del Biobío

La Contraloría detectó que 1.044 beneficiarios del ProEmpleo del Biobío no cumplían los requisitos para participar, con vínculos con dirigentes sindicales y pagos irregulares. Dio 15 días hábiles para un sumario y remitirá los antecedentes al Ministerio Público.

Qué encontró la Contraloría en el ProEmpleo del Biobío

El Informe Final N.º 180 de 2026, correspondiente a septiembre, revisó la gestión de la Delegación Presidencial Regional del Bío Bío en la recepción, ejecución y rendición de fondos del Programa Inversión en la Comunidad (ProEmpleo), una de las principales políticas de empleo de la región.

El resultado central es que 1.044 beneficiarios no cumplían con los requisitos exigidos por la normativa para formar parte del programa: estas personas percibían rentas u honorarios de otras entidades, mantenían más de un empleador o recibían pensiones por sobre los límites permitidos para ser incluidos en la iniciativa.

La auditoría también advirtió riesgos para la transparencia y la objetividad en el ingreso de participantes. La Delegación no contaba con procedimientos formalizados para regular las incorporaciones y los reemplazos, lo que permitió que dirigentes sindicales vinculados al programa propusieran personas para ocupar vacantes, pese a que las bases y los convenios no les otorgaban esa facultad.

Vínculos con dirigentes sindicales y familiares de ejecutores

En esa línea, Contraloría identificó que 343 beneficiarios mantenían vínculos con 138 dirigentes sindicales participantes del programa, mientras que otros 116 registraban relaciones familiares con personas vinculadas a entidades ejecutoras privadas. A ello se suman lazos de parentesco entre integrantes de la coordinación regional del programa y algunos beneficiarios.

El informe sumó otro hallazgo: 813 favorecidos fueron contratados en establecimientos educacionales sin que se acreditara su idoneidad psicológica para las funciones que desempeñaban. Por eso, la Delegación deberá establecer cuáles de ellos realizaron efectivamente funciones comprendidas en la ley N.º 19.464, regularizar la situación de quienes continúen desempeñándolas e implementar un control previo para futuras destinaciones.

Flexibilidad horaria, licencias médicas y control en terreno

La revisión detectó además que 1.692 beneficiarios mantenían autorizaciones de flexibilidad horaria otorgadas por las entidades ejecutoras, sin un procedimiento formal que regulara requisitos, condiciones y mecanismos de control. También se identificaron 9 beneficiarios que registraban salidas del país durante períodos en que hacían uso de licencias médicas.

En la ejecución de los proyectos se hallaron falencias en los controles de asistencia y supervisión: 15 recintos estaban cerrados, lo que impidió verificar la presencia de 75 beneficiarios, y otras 33 personas no estaban en sus lugares de trabajo sin justificación.

Convenios, rendiciones y pagos observados

En materia administrativa, el informe constató que 22 convenios fueron ejecutados pese a que sus resoluciones aprobatorias fueron representadas por la Contraloría durante el trámite de toma de razón. De ellos, solo siete fueron reingresados una vez ya ejecutados y volvieron a ser representados, por lo que se materializaron sin una revisión previa adecuada.

La revisión financiera también mostró debilidades en la rendición de cuentas, administrada principalmente mediante planillas Excel, mientras que el Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas no contenía el detalle completo de los gastos ni la documentación de respaldo. Además, se detectó el pago de bonos de movilización a beneficiarios que se encontraban con licencia médica por un monto de $4,6 millones, junto con transferencias por más de $4,4 millones correspondientes a cuotas sindicales, ahorros y descuentos voluntarios efectuados a cuentas de personas naturales.

Qué se viene: sumario y antecedentes al Ministerio Público

Por todo lo anterior, la Contraloría otorgó un plazo de 15 días hábiles al servicio para iniciar un sumario que determine las eventuales responsabilidades administrativas. El organismo también remitirá los antecedentes al Ministerio Público por los posibles ilícitos que puedan existir en la materia.