Contraloría abre sumario contra la Municipalidad de Lota por irregularidades y apuestas del alcalde

La Contraloría abrió un sumario administrativo contra la Municipalidad de Lota y su alcalde, Jaime Vásquez, tras acreditar en un informe de 60 páginas irregularidades en la gestión edilicia, visitas del jefe comunal a casinos y gastos sin respaldo.

El organismo fiscalizador desestimó las explicaciones entregadas por el municipio y decidió avanzar sobre los hechos que no fueron subsanados durante la investigación, que se extendió por meses en la comuna de la Región del Biobío.

El proceso partió de denuncias presentadas por concejales de la comuna, que derivaron en una revisión de la Contraloría General de la República. Su resultado quedó resumido en un informe de seis decenas de páginas en el que se detallan faltas funcionarias del jefe comunal y una serie de irregularidades administrativas al interior de la corporación edilicia.

Qué acreditó la Contraloría en la Municipalidad de Lota

Según el informe del ente contralor, las observaciones abarcan distintas áreas de la gestión municipal. Entre ellas figuran un contrato directo por el sistema de vigilancia, una licitación cuestionada en el Cementerio Municipal y la falta de mecanismos internos de control de asistencia de los propios empleados del municipio, incluido el alcalde.

El organismo también apuntó a la inexistencia de fiscalización que justifique el uso de $120 millones en una fiesta de Navidad y a deficiencias en el control de las ayudas entregadas por Senapred a la comuna.

Las visitas del alcalde a casinos de la zona

Uno de los puntos que la Contraloría dio por acreditado son las visitas del alcalde Jaime Vásquez a los casinos de Talcahuano, Los Ángeles y Chillán. En este último recinto se le registró una apuesta de $20 mil, una conducta que la normativa prohíbe de manera expresa a los funcionarios públicos.

El antecedente se suma a un diagnóstico que el propio organismo había advertido a nivel nacional: en marzo de este año la Contraloría informó que 910 funcionarios públicos y municipales habían apostado en casinos por más de $11.490 millones entre 2024 y 2025, pese a estar legalmente impedidos de hacerlo.

Contrato de vigilancia, cementerio y gastos sin respaldo

En materia de compras y contrataciones, el informe consigna un contrato directo de $76 millones mensuales destinado al sistema de vigilancia del municipio, el que había sido rechazado por el Concejo. A eso se suma una licitación con vicios para los servicios de sepultación y aseo en el Cementerio Municipal, uno de los puntos que los propios concejales consideran más delicados.

La concejala Camila Escares, autora de una de las denuncias que abrieron el proceso, calificó los hallazgos como preocupantes. Dijo que le parecen especialmente graves los relacionados con el cementerio, el sistema de vigilancia y las visitas del jefe comunal a casinos.

La defensa del alcalde y las críticas del Concejo

El alcalde Vásquez confirmó la apertura del sumario y anunció que el municipio presentará sus descargos dentro de los próximos 60 días. "Aquí no se habla de casos de corrupción; eso hay que descartarlo de plano. Aquí son procedimientos administrativos y, en ese sentido, la Contraloría ha sido bien precisa en el informe", sostuvo el jefe comunal, quien agregó que el documento señala procedimientos que "obviamente deben corregirse".

El concejal José Carrillo, en tanto, sostuvo que varias de las faltas detectadas son de probidad, aunque consideró que será el propio sumario el que descarte la existencia de hechos delictuales. "Me imagino que la investigación determinará si dentro de estas irregularidades hay comprometidos recursos o mal uso de ellos", planteó.

Qué sigue con el sumario en Lota

El procedimiento disciplinario busca determinar las responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados y del propio alcalde. El municipio tiene un plazo de dos meses para entregar sus descargos, tras lo cual la Contraloría deberá resolver si las observaciones se mantienen, si existen nuevas responsabilidades o si el caso deriva en antecedentes para la justicia.

Se trata de un proceso administrativo en curso: las irregularidades descritas por el organismo fiscalizador corresponden a observaciones formales, y las eventuales responsabilidades penales solo podrían establecerse por los tribunales competentes.

Fuente: BioBioChile y Reporte Diario.