Fraude en multas TAG: Fiscalía allana oficinas de la Autopista Central

La Fiscalía Metropolitana Sur y el OS-9 allanaron las oficinas centrales de la Autopista Central por el fraude en las multas TAG del Juzgado de Policía Local de La Granja. La Corte de San Miguel confirmó la prisión preventiva de seis imputados.

El operativo se realizó en la oficina central de la concesionaria, en la comuna de Las Condes, y busca incautar contratos y correos electrónicos vinculados a la causa, según informaron La Tercera y Radio Bío Bío.

Qué buscaba la Fiscalía en la Autopista Central

El fiscal Christian Toledo, de la Fiscalía Metropolitana Sur, explicó que la diligencia apunta a "la incautación de contratos y también con correos electrónicos que están vinculados a la investigación". El procedimiento contó con apoyo del OS-9 de Carabineros y busca acreditar el vínculo entre el tribunal y la concesionaria.

Cómo partió el caso de las multas TAG

La investigación se abrió en octubre de 2020, cuando el juez de Policía Local de La Granja, Felipe Ongaro, revisó las causas del tribunal y detectó que en agosto de ese año se habían registrado cerca de un centenar de audiencias de comparendo en la misma fecha y hora. El antecedente derivó en una denuncia por la tramitación irregular de miles de causas por deudas de TAG.

Cómo operaba el esquema de notificaciones falsas

Según el Ministerio Público, los imputados eran designados como receptores para notificar a los demandados, pero registraban diligencias imposibles: "Decían que estaban notificando a una persona en la comuna de San Bernardo a las 9 de la mañana y decían que estaban en Colina también a la misma hora, cosa que obviamente no era posible", detalló el fiscal Toledo.

Cada notificación les reportaba una remuneración adicional promedio de unos $30.000, y algunos registraban 10, 20 o 30 diligencias, con ingresos superiores a $10 millones mensuales en ciertos casos. La investigación describe un sistema de alrededor de 4.000 notificaciones falsas, repartidas por el abogado Ricardo Matthews Ramírez, sindicado como organizador de la distribución de causas.

El Ministerio Público identificó tres aristas de falsificación: expedientes que no figuran en los registros de ingreso del tribunal, oficios falsos para pedir información al Registro Civil y estampados falsos en las notificaciones. A eso se suma el cohecho, por el acceso irregular a información.

Los imputados y las cautelares

El 16 de septiembre la Fiscalía formalizó a ocho personas por falsificación de instrumento público y cohecho. Seis quedaron en prisión preventiva, entre ellos el exsecretario del tribunal Eduardo Moya Zamorano y el abogado Ricardo Matthews Ramírez; los otros dos recibieron cautelares menores. El tribunal fijó un plazo de investigación de 120 días.

Este jueves la Corte de Apelaciones de San Miguel confirmó la máxima cautelar para los seis imputados, según el reporte judicial de la jornada.

Qué significa para los conductores

El fiscal subrayó que, aunque los involucrados eran deudores de TAG, el proceso de notificación estaba viciado: muchas personas nunca se enteraron de las demandas y no pudieron defenderse. Hasta ahora no se ha determinado el monto total del perjuicio, en una causa que indaga hechos ocurridos entre 2019 y 2020 y pagos de autopistas por notificaciones que no se realizaron.

Qué viene ahora

Con el plazo de 120 días fijado por el tribunal, la causa sigue en etapa de indagatoria y el allanamiento a la concesionaria apunta a cerrar el circuito de pagos que sostuvo el fraude. La Fiscalía no ha descartado nuevas formalizaciones, como ocurrió en julio, cuando la audiencia se reagendó tras la aparición de nuevos antecedentes.

El caso se suma a otras causas por corrupción con funcionarios públicos conocidas este año, como la detención de cuatro funcionarios de Gendarmería por fraude al fisco y cohecho en compras de alimentos.