Rabat descarta renunciar y estudia dos vías para revertir las rebajas de condena

El ministro de Justicia, Fernando Rabat, descartó este domingo dejar el cargo por la polémica de las rebajas de condena y confirmó que el Gobierno analiza dos caminos para revertir los 56 decretos que ya firmó. Lo dijo en Estado Nacional, de TVN.

"No he pensado en renunciar. El Presidente de la República me invitó a una cuestión que es maravillosa, que es servir a Chile, y espero acompañar al Presidente de la República durante sus 4 años de mandato", declaró el secretario de Estado.

Las dos vías que estudia el Gobierno para revertir las rebajas de condena

Según explicó Rabat, la primera alternativa es una moción parlamentaria que contempla una modificación al artículo 19 número 3 de la Constitución y una norma transitoria que dejaría sin efecto las resoluciones "de pleno derecho". La segunda es de carácter administrativo: "revocar el acto administrativo respectivo".

"Estamos estudiando ambas situaciones porque entiendo la necesidad que existe de dejarla sin efecto", agregó la autoridad. Para este lunes a las 10:30 está citada una reunión en el Ministerio de Justicia con parlamentarios de las comisiones de Constitución, Seguridad y Derechos Humanos del Senado y de la Cámara de Diputados. Entre los asistentes que confirmaron están el diputado Jaime Mulet y el senador Matías Walker, de acuerdo con lo informado por el propio ministro.

Los 56 decretos ya están ejecutados

El titular de Justicia confirmó que los decretos cuestionados fueron ejecutados y que la rebaja de la pena implica que la persona sale en libertad antes del tiempo originalmente previsto. Consultado sobre si los 56 beneficiados están hoy en libertad, respondió: "No me toca una respuesta absoluta, lo más probable es que sí".

El Ministerio ya había suspendido la tramitación de nuevos decretos de este tipo mientras define cómo revertir los anteriores, una decisión que la oposición ha cuestionado por los efectos jurídicos que podría tener sobre condenas ya resueltas.

Por qué el Ministerio firmó los decretos

En una entrevista con T13, Rabat sostuvo que en febrero de 2022 se modificó la normativa que regula la materia y se excluyó expresamente a las personas condenadas por delitos sexuales cometidos contra menores. Para los hechos anteriores a ese cambio, agregó, rige una prohibición constitucional de aplicar retroactivamente una ley en perjuicio de un condenado, y el análisis jurídico del ministerio concluyó que era procedente otorgar el beneficio por decreto.

También reconoció que se concedieron rebajas a dos internos de Punta Peuco condenados por delitos de tortura y secuestro. "Es cierto y de la misma manera se dieron estos beneficios en los últimos 20 años en gobiernos de distintos signos políticos porque se aplica la ley", afirmó. Anunció además que el Ejecutivo dará urgencia a los proyectos que están en el Congreso y presentará una iniciativa propia para que los requisitos del beneficio se analicen al momento de la postulación.

Las reacciones políticas

La polémica ha cruzado al oficialismo y a la oposición. Sectores de izquierda han pedido al Presidente José Antonio Kast remover al ministro; la diputada Karla Rubilar exigió disculpas públicas, y desde la UDI se planteó evaluar la revocación de los 56 decretos. El exministro de Justicia Jaime Gajardo rechazó la comparación con su propia administración: sostuvo que los decretos de su periodo respondían al cumplimiento de sentencias judiciales, mientras que, a su juicio, Rabat concedió las rebajas por la vía administrativa.

Amnistía Internacional también se pronunció sobre el caso. "El ministro Rabat eligió una interpretación dentro de distintas posibles", señaló la organización. En tanto, el diputado Jorge Guzmán, de Evópoli, pidió prohibir por ley las rebajas de condena en delitos sexuales, una de las ideas que se discuten en el Congreso.

Qué pasa ahora

El lunes será la primera prueba política: de la reunión debería salir el contenido del proyecto que La Moneda quiere tramitar con urgencia y el respaldo de las comisiones involucradas. Mientras no exista una ley aprobada o una revocación firme, los 56 decretos siguen vigentes y las personas beneficiadas permanecen en libertad.

Fuentes: La Tercera, La Nación y El Mostrador.