Gobierno propone regla de 6,4 metros para evaluar el uso de la fuerza policial

El Ejecutivo prepara indicaciones al proyecto de Reglas de Uso de la Fuerza (RUF) para incorporar la "distancia de reacción" como factor obligatorio al evaluar la actuación policial frente a un atacante armado. La propuesta figura en una minuta del Ministerio de Seguridad.

Qué plantea la "distancia de reacción"

El documento propone incorporar la regla de los 21 pies, equivalentes a unos 6,4 metros, como un dato táctico que debe considerarse al analizar la capacidad y oportunidad de un ataque. La minuta aclara que la distancia "no es una licencia para disparar", sino un elemento objetivo para que el tiempo de reacción del funcionario no desaparezca del análisis jurídico posterior.

Según el texto, la distancia condiciona el tiempo que tiene un policía para percibir la amenaza, decidir, desenfundar, buscar cobertura y reaccionar. Por eso, la revisión judicial debería considerar las condiciones existentes en el momento de la decisión y no reconstruir después la situación con información que el funcionario no tenía disponible.

Un punto llamativo es que, aunque la minuta desarrolla la regla de los 21 pies, el texto sugerido para la indicación establece un perímetro de siete metros. Ese umbral permitiría presumir un peligro inminente contra la vida cuando una persona porte un arma blanca, contundente o punzante, mantenga una actitud hostil, desatienda la orden de soltarla y avance hacia los policías o terceros.

La propuesta contempla que la distancia opere solo cuando concurran un arma apta y una conducta amenazante actual, como apuntar, blandir o avanzar de forma ofensiva. La sola cercanía de una persona armada no bastaría para justificar el uso de fuerza letal.

Flagrancia y desenfunde preventivo

La minuta también plantea una regulación expresa para el empleo de fuerza potencialmente letal en casos de flagrancia y órdenes de detención, cuando el imputado esté armado y no deponga el arma ni huya. Además, propone regular el desenfunde preventivo durante los controles de identidad y vehiculares: sacar el arma sería una medida de seguridad que, por sí sola, no implica autorización para disparar.

Policías fuera de servicio

Otra de las modificaciones apunta a los funcionarios que actúan estando fuera de servicio. El Ejecutivo propone reglas compatibles con las condiciones materiales de un policía que no está de turno y puede no contar con uniforme, radio o apoyo de otros funcionarios, manteniendo el control jurídico sobre su actuación.

Como antecedentes, la minuta menciona casos de 2026 ocurridos en Maipú, Recoleta y Colina, y recuerda a nueve mártires de Carabineros que fallecieron al intervenir de franco, además de dos casos informados por la PDI en los últimos diez años.

Un estatuto común para reemplazar protocolos dispersos

El gobierno argumenta que la ley permitiría reemplazar la dispersión de circulares, órdenes generales y manuales por un estatuto legal común para Carabineros y la PDI. El proyecto ingresó al Congreso el 10 de abril de 2023 y, al 4 de agosto de 2026, acumulaba 1.212 días de tramitación, por lo que el Ejecutivo le asignó urgencia suma.

Según el Ministerio de Seguridad, las nuevas reglas no buscan impedir la investigación de los procedimientos policiales, sino reducir la incertidumbre sobre las decisiones adoptadas en situaciones críticas, entregando a los funcionarios reglas legales previas para decidir y explicar su actuación.

Fuente: BioBioChile