Tesorería demanda por $149 millones a agrícola fundada por el jefe del Segundo Piso

La Tesorería General de la República demandó el cobro de casi $149 millones a Agrícola Chacabuco Quality Grapes, la exportadora que fundó Alejandro Irarrázaval, jefe del Segundo Piso de La Moneda, por patentes de derechos de agua impagas.

La acción judicial, revelada por un reportaje de T13, abre un nuevo frente de cuestionamientos sobre los intereses empresariales de uno de los asesores más influyentes del presidente José Antonio Kast.

Qué pide la Tesorería en la demanda

La demanda ingresó el 28 de mayo de 2026 al 24° Juzgado Civil de Santiago. Ese día, el director regional tesorero de Santiago Poniente, Cristián Urrutia, inició el procedimiento de cobro contra 133 contribuyentes, entre empresas y personas naturales. En el caso de la agrícola, el objetivo es que el derecho de aprovechamiento de aguas se remate en una subasta pública.

El certificado de Tesorería citado por el reportaje consigna patentes impagas correspondientes a los años 2015 a 2024, con excepción de 2016 y 2018. La deuda acumulada hasta 2024 rondaba los $149 millones.

Una deuda que se arrastra desde 2015

La empresa produce y exporta uva desde 2006 en un predio que arrienda al Ejército en Peldehue, en la comuna de Colina. Según antecedentes del caso, en 2023 Irarrázaval presentó una demanda contra la Dirección General de Aguas (DGA) para que se declarara prescrita una deuda superior a $28 millones por patentes de 2017 y 2020. El tribunal dictó sentencia en abril de 2025 y la causa se archivó sin que el fallo fuera notificado a las partes.

El entorno del asesor presidencial sostiene que la compañía ha impugnado los cobros por vías administrativas y judiciales, y que corresponde a la propia sociedad informar sobre los montos y el estado de esos procedimientos.

El vínculo societario que se mantiene

Irarrázaval dejó de ejercer funciones ejecutivas en agosto de 2025, cuando asumió una nueva administración en la exportadora. Sin embargo, mantiene una participación societaria indirecta a través de Inversiones San Juan Limitada, una sociedad vinculada a él y a su esposa, según consignan las notas sobre el caso publicadas por Cooperativa y BioBioChile.

Las reacciones políticas

La jefa de bancada de la UDI, Flor Weisse, pidió "aplicar la igualdad ante la ley" y que las indagaciones avancen con la mayor prontitud: "Aquí la Justicia vale para todos". El diputado independiente Jaime Araya, integrante de la bancada del PPD, describió a Irarrázaval como "casi un ministro del Interior" por su influencia en las decisiones del Ejecutivo y calificó la información de grave.

Desde el oficialismo, en cambio, plantean que primero hay que conocer la versión del Gobierno antes de emitir juicios. La diputada del Partido Comunista Sofía González sostuvo que la situación es "impresentable", mientras que el diputado del Partido de la Gente Guillermo Valdés insistió en que las obligaciones legales deben cumplirse sin privilegios.

Qué sigue

El caso está en manos del 24° Juzgado Civil de Santiago y de la propia Tesorería, que deberá sustanciar el cobro frente a un universo de 133 contribuyentes. Hasta el cierre de las notas, Presidencia no había entregado una versión oficial sobre la situación del jefe del Segundo Piso. El antecedente se suma a las críticas opositoras por los conflictos de interés del Gobierno y a la discusión sobre los estándares que se exigen a quienes ocupan cargos de confianza en La Moneda.

El remate de un derecho de aprovechamiento de aguas es un procedimiento poco frecuente y de alto impacto para una empresa agrícola, porque ese título define cuánta agua puede usar legalmente un predio. En este caso, la subasta afectaría a una sociedad exportadora que lleva dos décadas operando en terrenos fiscales arrendados en Colina.