Gobierno evalúa aplazar un año la entrada en vigencia de la Ley de Protección de Datos Personales

La Ley de Protección de Datos Personales, que debía regir desde diciembre de 2026, podría aplazarse un año: el Gobierno conversa con parlamentarios y representantes gremiales para evaluar la postergación, según confirmaron fuentes oficiales este jueves.

La Ley de Protección de Datos Personales: qué cambiaría

La nueva normativa reemplaza a la Ley sobre Protección de la Vida Privada (19.628), vigente desde 1999, que contempla sanciones bajas y casi sin fiscalización real. En su lugar, el texto aprobado establece obligaciones para servicios públicos y empresas al momento de tratar información privada de las personas, reconoce los derechos de los titulares de los datos y crea la Agencia de Protección de Datos Personales (APDP).

Ese organismo funcionará como una corporación autónoma con potestad para investigar de oficio, aplicar multas, ordenar suspensiones de tratamiento de información y publicar un Registro Nacional de Sanciones.

Por qué se discute el aplazamiento

Los gremios de grandes empresas han planteado que existe una falta de certeza jurídica en la disposición legal, porque aún no se ha implementado la agencia que supervisará la norma. Por ley, esa entidad debía estar operativa a más tardar el 1 de junio de 2026, fecha que no se cumplió.

La elección de los consejeros del nuevo organismo es el nudo del problema: no ha habido acuerdos en el Parlamento ni en las comisiones respectivas, lo que dejó a la institucionalidad sin conformar a pocos meses de la fecha de entrada en vigencia.

Qué dice el Gobierno

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, deslizó que el aplazamiento se ve muy posible. "Se ha ido avanzando, se produjeron distintos consejeros, no ha habido acuerdos en el Parlamento, en las respectivas comisiones, y es por eso que estamos conversando con el mundo político para ver cómo implementarlo de la mejor forma", señaló.

Consultada por el tema, la presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Catherine Tornel, delegó las declaraciones oficiales al Ejecutivo, pero comentó que efectivamente han recibido reparos de algunos sectores. "Es un tema del Ejecutivo. Sin embargo, efectivamente hay definiciones que se podrían mejorar en lo que respecta a cómo impacta esto al mercado financiero", sostuvo.

Las sanciones que contempla la norma

La iniciativa establece un nuevo régimen de infracciones y sanciones para las empresas que incumplan el tratamiento de datos personales, con multas que fluctuarían entre $358 millones y $1.400 millones de pesos, según la gravedad de la falta. La decisión final sobre el aplazamiento dependerá de las conversaciones que el Ejecutivo sostenga con el Congreso en las próximas semanas.