Acusación constitucional contra Rabat se presentará la próxima semana

La oposición anunció que presentará la próxima semana una acusación constitucional contra Rabat, el ministro de Justicia Fernando Rabat, por las rebajas de condena a 56 personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores.

El miércoles, la Cámara de Diputados aprobó una resolución que pide al Presidente José Antonio Kast la salida del secretario de Estado y de sus dos subsecretarios. Este jueves los parlamentarios sumaron un nuevo frente: buscar responsabilidades penales por los decretos.

Acusación constitucional contra Rabat: qué se le imputa

El conflicto nació de un conjunto de decretos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que redujeron condenas a 56 condenados por delitos sexuales contra menores. Los beneficios también alcanzaron a violadores de derechos humanos y a extranjeros integrantes de bandas, según se detalló en la sesión especial del miércoles. El caso se conoció a partir de una investigación periodística y de la fuga de antecedentes desde el propio ministerio.

Rabat sostiene que las rebajas se ajustaron a la Constitución y a la ley, y que responden a jurisprudencia reiterada de los tribunales. La oposición afirma, en cambio, que en la sesión del miércoles el ministro entregó información "falsa o imprecisa" sobre decisiones similares tomadas en el Gobierno anterior.

La Cámara pidió su renuncia: 68 votos a favor, 42 en contra y 7 abstenciones

La Sala aprobó el miércoles una resolución presentada por los diputados Cristian Tapia, Raúl Leiva, Jorge Díaz, Luis Malla, Daniela Serrano y Emilia Schneider, que solicita al Presidente ejercer las responsabilidades políticas y administrativas del caso, con la salida del ministro y de los subsecretarios de Justicia, Luis Silva, y de Derechos Humanos, Pablo Mira. El texto también pide invalidar los decretos.

La votación estuvo marcada por abstenciones de parlamentarios oficialistas de RN y la UDI. La resolución no es vinculante: Kast ha respaldado la continuidad de Rabat y el vocero de Gobierno, Gonzalo Arenas, ratificó esta semana que el ministro cuenta con su confianza.

Los plazos: presentación la próxima semana y votación en la segunda quincena de noviembre

Según lo anunciado por los partidos opositores, el libelo se presentará la próxima semana, con el objetivo de llegar a una votación durante la segunda quincena de noviembre. De prosperar la presentación, sería la primera acusación constitucional contra un integrante del gabinete de Kast.

Dos frentes paralelos: el fiscal nacional y la Defensoría de la Niñez

Los diputados Juan Santana (PS) y Luis Cuello (PC) pidieron al fiscal nacional que designe un persecutor especial para investigar un eventual delito de prevaricación administrativa del ministro.

Otro grupo de parlamentarios se reunió con el Defensor de la Niñez, Anuar Quesille, quien informó que el organismo pidió un informe al Gobierno. "Acá lo importante es resguardar a las víctimas", dijo, y detalló que el foco estará en el acceso a salud mental, la continuidad escolar y los resguardos para que los afectados no estén en contacto con sus ofensores.

La querella de Rabat contra Bassa

El ministro anunció que encargó la preparación de un borrador de querella criminal contra el diputado del Frente Amplio Jaime Bassa, quien lo vinculó con una supuesta red internacional de pedofilia. "Son declaraciones lamentables que desde luego ponen en antejuicio el honor, la honra de mi persona", afirmó Rabat, que calificó la acusación constitucional como "un punto político" y aseguró: "sigo estando muy tranquilo".

La presidenta del FA, Gael Yeomans, cuestionó los dichos del ministro y sostuvo que la información que entregó "es mentira", porque el caso que citó correspondía a una víctima adulta y no a menores de 14 años. Sobre la querella, pidió que la prioridad sea la protección de los niños y agregó que Bassa expondrá sus argumentos en la comisión de Ética de la Cámara.

Qué se juega el Gobierno

El caso abrió la mayor crisis del ministerio y sumó críticas fuera de la oposición. La exministra del Interior Carolina Tohá afirmó que "el ministro y el Gobierno han hecho de un problema una catástrofe" y que "no hemos recibido una explicación razonable". Con la acusación constitucional en preparación, el Ejecutivo deberá definir si mantiene a Rabat hasta la votación en la Cámara o si abre una salida política antes de esa fecha.