Testigos falsos: CDE apunta a estudio de abogados en causas contra el Fisco

Testigos falsos en demandas contra el Fisco: la Corte de Apelaciones de Santiago revocó un fallo del 18-O y el CDE amplió una querella que apunta a un patrón de testigos falsos en causas indemnizatorias contra el Estado.

El caso cruza tres causas del estallido de 2019 y ocho vinculadas a la dictadura. La investigación penal la lleva la Fiscalía de Concepción y, por ahora, no registra formalizados.

Qué resolvió la Corte de Apelaciones de Santiago

La Decimotercera Sala del tribunal de alzada revocó este jueves un fallo de 2025 que condenó al Fisco a pagar una indemnización, con monto por fijar, a Alejandro Fernández Lincopán, por el daño moral del trauma ocular que sufrió el 21 de octubre de 2019 en una protesta cerca de Plaza Baquedano.

Para revocarlo, la Corte consideró que no estaba suficientemente acreditada una falta de servicio de Carabineros. Y agregó un antecedente: contra el testigo principal del caso pesaba una querella del CDE por falso testimonio.

La querella del CDE por testigos falsos

La acción se presentó el 23 de enero de 2026 ante el Juzgado de Garantía de Concepción y el 2 de junio sumó una ampliación. La firma el abogado del CDE Georgy Schubert, ex defensor nacional: acusa a Francisco Amigo Cartagena, patrocinante de las demandas, de presentación de prueba falsa en juicio civil, y a la abogada Daniela Prieres Tapia de cómplice de falso testimonio.

El escrito sostiene que el testigo Humberto Neftalí Rojas Sánchez, bombero voluntario y transportista de combustible, declaró en al menos 45 causas civiles contra el Fisco, todas patrocinadas por Amigo Cartagena o por profesionales de su estudio. El CDE identificó once con antecedentes de relevancia penal: tres del estallido y ocho de la dictadura.

Tres casos del 18-O y los montos en juego

En los tres casos del estallido, Rojas declaró haber estado en Santiago en 2019 y haber prestado primeros auxilios como bombero. Los tres se fallaron en primera instancia a favor del demandante:

• Alejandro Fernández Lincopán: monto por fijar y fallo revocado esta semana.
• Francisco Palomino Miranda: 10 millones de pesos.
• Álvaro Cabrales Herrera: 3 millones de pesos.

Las dos últimas causas siguen en la Corte de Apelaciones de Santiago. En lo penal, la Comisión Chilena de Derechos Humanos se querelló por el caso de Fernández Lincopán en 2020.

Las inconsistencias que describe la querella

El CDE apunta a una inconsistencia geográfica. Según la acción, Rojas situó los encuentros con las víctimas en servicentros de Lautaro, Temuco, Freire, Cañete, Los Ángeles, Talcahuano y San Miguel, compatibles con rutas de transporte de combustible desde el Biobío.

Pero en dos causas declaró haber conocido a los demandantes en Osorno, a más de 300 kilómetros al sur de Concepción, y en Arica, a más de 2.000 kilómetros al norte. El CDE añadió que a un abogado con experiencia no podía pasarle inadvertido que el mismo testigo conociera a las víctimas en 45 procesos.

Qué dice el CDE y qué viene ahora

La presidenta del CDE, Ana María Hübner, defendió la acción: "El objetivo es resguardar una litigación de buena fe, lo que incide en la correcta administración de justicia", señaló. Añadió que, ante antecedentes que comprometan la veracidad de las pruebas, el deber del organismo es promover su investigación.

El estudio de Amigo no había respondido a las consultas al cierre de la publicación original. Mientras la causa no tenga formalizados, seguirá abierta la pregunta de fondo: si hubo testigos falsos o si la demanda simplemente carecía de méritos.

Fuentes

Reporte de Ex-Ante (25 de septiembre de 2026) y antecedentes de BioBioChile (9 de febrero de 2026).