Comisión Mixta aprueba que la PDI ingrese a domicilios con orden judicial para expulsar extranjeros

La Comisión Mixta del Congreso despachó este lunes, por unanimidad, el proyecto que perfecciona las expulsiones administrativas: la PDI podrá ingresar a un domicilio con autorización de un juez de garantía y la prohibición de reingreso a Chile sube de 3 a 5 años.

El informe, que modifica la Ley 21.325 de Migración y Extranjería, fue aprobado en la instancia presidida por la senadora Danisa Astudillo (PS) y debe ser ratificado ahora por las salas de la Cámara de Diputadas y Diputados y del Senado antes de convertirse en ley. Con su despacho, la comisión cerró las discrepancias que mantenían ambas cámaras en torno al boletín 16836-06.

Qué cambia con las expulsiones administrativas que aprobó la Comisión Mixta

El acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo y parlamentarios de distintos sectores contempla cuatro cambios centrales:

• Prohibición de reingreso: el plazo mínimo durante el cual una persona expulsada no puede volver a entrar al país sube de tres a cinco años.
• Ingreso de la PDI a domicilios: los efectivos podrán solicitar por escrito al juez de garantía una autorización para entrar a una vivienda con el único fin de aprehender a una persona que tenga una orden de expulsión firme y ejecutoriada.
• Expulsión sin esperar el fin del proceso penal: se habilita la salida inmediata de extranjeros en situación irregular formalizados, acusados o requeridos por simples delitos con penas de hasta 3 años de privación de libertad y sin condenas previas, suspendiendo el procedimiento penal por 3 años mientras se cumple la medida.
• Coordinación con el Ministerio Público: antes de concretar un ingreso a un domicilio o una expulsión se debe verificar que la medida no afecte investigaciones penales en curso con interés prevalente, resguardando además los derechos de las víctimas.

Por qué la PDI necesitaba una autorización judicial para entrar a una casa

Hasta ahora la Policía de Investigaciones podía detener a una persona con orden de expulsión, pero no ingresar a su domicilio para concretar la aprehensión. El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, explicó el cambio: "Este proyecto le otorga la facultad de, verificada una orden de expulsión totalmente afinada, después de una autorización que da el juez de garantía para resguardar los derechos de las personas, poder ingresar a un domicilio solo para los efectos de detener a alguien".

La autoridad de Gobierno calificó la medida como "una de las innovaciones más decisivas" del plan de reordenamiento migratorio y precisó que los ajustes se hicieron según los requerimientos de la Corte Suprema y del Ministerio Público, cuyas observaciones fueron incorporadas durante la tramitación.

Resguardos para las víctimas y un acuerdo transversal

La senadora Astudillo destacó la "voluntad de parte del Ejecutivo y de los colegas de los distintos colores políticos de llegar a un consenso" y subrayó que las votaciones pendientes y los artículos nuevos se aprobaron de manera unánime. La presidenta de la instancia añadió que se establecieron resguardos para garantizar los derechos de las víctimas cuando la expulsión se produce por delitos de menor gravedad.

El senador Renzo Trisotti (Republicanos) valoró que la normativa fije "plazos muy concretos" frente a una decisión del subsecretario del Interior, y el senador Miguel Becker (RN) afirmó que "ya no podemos seguir esperando, especialmente con lo que ocurrió ayer en Lo Espejo", en alusión a la muerte del cabo segundo Christopher Aguilera, fallecido tras recibir un disparo en la cabeza durante un procedimiento policial.

Qué falta para que el proyecto de expulsiones sea ley

El despacho de la Comisión Mixta no cierra la tramitación: el informe debe ser ratificado por las salas del Senado y de la Cámara de Diputadas y Diputados. El texto se tramita en paralelo a otras piezas de la agenda de seguridad, como la reforma constitucional que creaba un nuevo estado de excepción, retirada por el Gobierno este lunes para buscar un acuerdo con mayor respaldo parlamentario.

Fuentes: Senado de Chile, Radio Cooperativa y Emol. El proyecto corresponde al boletín 16836-06 y perfecciona el procedimiento de expulsión administrativa de la Ley 21.325.