Maduro celebra Navidad con fuegos artificiales en El Helicoide, centro de torturas
Nicolás Maduro dio inicio a las celebraciones navideñas desde El Helicoide, un centro de torturas en Venezuela, en medio de fuertes críticas por las violaciones a los derechos humanos documentadas por la ONU, que acusan al régimen de perpetuar la represión y las torturas sistemáticas a opositores políticos. Este contraste entre la festividad y las atrocidades denunciadas resalta la desconexión entre el régimen y la dura realidad que enfrentan miles de venezolanos.
La noche del miércoles, Nicolás Maduro lanzó oficialmente la celebración navideña desde El Helicoide, un emblemático y controvertido edificio conocido en Venezuela como el principal centro de torturas. Este acto se produce tras la declaración del régimen chavista, que designó el 1 de octubre como el inicio oficial de las festividades navideñas.
Un escenario controvertido
El Helicoide, utilizado por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) para la detención de opositores políticos, fue convertido en un escenario festivo en la capital venezolana. El evento fue documentado en diversas redes sociales, donde los vecinos de Caracas compartieron fotografías y videos que mostraban el espectáculo de fuegos artificiales iluminando el edificio. Este complejo, que alberga no solo a presos políticos, sino también a detenidos comunes, ha sido objeto de denuncias por violaciones a los derechos humanos por parte de organizaciones internacionales.
Denuncias de tortura y violaciones a derechos humanos
La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU ha acusado a las autoridades venezolanas de llevar a cabo prácticas de tortura en este centro de detención. Según sus informes, en El Helicoide se han documentado métodos de tortura que incluyen posiciones forzadas, asfixia con bolsas o agua, descargas eléctricas en zonas genitales y golpizas con objetos contundentes.
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El informe detalla que los detenidos enfrentan amenazas de muerte, violación, así como condiciones humillantes, incluyendo la desnudez forzada en temperaturas extremas y encadenamientos prolongados. Estas atrocidades fueron reportadas como parte de una estrategia sistemática de persecución política que, según la Misión, se configura como un crimen de lesa humanidad.
Continuación de la represión
El informe del organismo internacional también señala que desde el 29 de julio de 2024, la represión en contra de los opositores ha escalado, convirtiéndose en una continuación intensificada de un plan estatal que busca eliminar a aquellos considerados opositores o una amenaza al régimen.
La Misión Internacional responsabiliza directamente al régimen de Maduro y a sus fuerzas de seguridad, incluyendo la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), la Policía Nacional Bolivariana (PNB), el SEBIN y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). Las víctimas, que abarcan desde opositores y activistas hasta periodistas y defensores de derechos humanos, son representativas de un panorama preocupante en el país.
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Patrones de actuación violenta
El informe documenta una serie de patrones de actuación de las fuerzas de seguridad del Estado, que incluyen detenciones violentas, uso excesivo de la fuerza, irrupciones en domicilios y traslados no identificados, a menudo sin órdenes judiciales. Las leyes antiterroristas y la Ley contra el Odio son utilizadas para criminalizar la disidencia, lo que ha agudizado la problemática de los derechos humanos en Venezuela.
Se reportan al menos 30 muertes atribuibles a la represión estatal, de las cuales 25 ocurrieron durante protestas y cinco bajo custodia estatal. Asimismo, tres personas fallecieron después de ser excarceladas debido a condiciones de salud severamente deterioradas en prisión.
Condiciones inhumanas en los centros de detención
Las condiciones en los centros de detención como Tocorón y Tocuyito son descritas como inhumanas, con hacinamiento, falta de acceso a agua potable y alimentos, ausencia de atención médica y castigos colectivos. La Misión ha documentado al menos 30 casos de desapariciones forzadas, de las cuales 12 cumplen con los estándares internacionales de confirmación.
La violencia sexual y de género se ha identificado como un patrón de represión en estos centros, afectando particularmente a mujeres, niñas, adolescentes y personas LGBT. Se reportan casos de abuso sexual, desnudez forzada, coerción sexual y amenazas de violación.
Adicionalmente, el informe menciona 220 detenciones arbitrarias de menores, sin considerar el interés superior de la niñez, así como censura y bloqueos digitales dirigidos a defensores de derechos humanos y periodistas.
La lucha por la justicia
La Misión concluye que la impunidad en Venezuela es estructural, lo que representa un obstáculo significativo para las víctimas en su búsqueda de justicia. Aunque se presentan 19 casos ilustrativos en el informe, estos son solo una fracción de la violencia documentada, reflejando la gravedad de la crisis de derechos humanos en el país.
En medio de este turbulento contexto, el acto de celebración de Maduro en El Helicoide ha generado fuertes críticas y sensibilidades tanto dentro como fuera de Venezuela, destacando la desconexión entre el régimen y la realidad que viven miles de venezolanos.
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