Corte Suprema aprueba su primera política de inteligencia artificial en el Poder Judicial

El pleno de la Corte Suprema aprobó su primera política de inteligencia artificial en el Poder Judicial: la tecnología no podrá decidir un caso, valorar la prueba ni fundamentar sentencias.

La decisión se adoptó al cierre de las XXIX Jornadas de Reflexión del máximo tribunal, que este año estuvieron dedicadas a ese tema. El texto será dado a conocer en los próximos días por la propia judicatura, y el eje es una regla simple: la inteligencia artificial puede apoyar tareas instrumentales, pero no puede resolver ni fundamentar una decisión judicial.

Las tres prohibiciones de la inteligencia artificial en el Poder Judicial

La política excluye de manera explícita tres usos. Primero, la tecnología no podrá decidir un caso. Segundo, no podrá reemplazar la valoración de la prueba, el análisis que hace el magistrado de los antecedentes para tener por acreditados los hechos. Tercero, no podrá hacerse cargo de la fundamentación de resoluciones o sentencias, la parte del fallo donde se explican las razones jurídicas de lo resuelto.

Junto con esas prohibiciones, exige revisión humana en todos los usos que sí queden autorizados. La lógica es que la herramienta ayude a ordenar información, buscar antecedentes o procesar datos, pero que la decisión final siempre sea del juez, con su propio criterio.

De un uso individual a un modelo institucional

Uno de los cambios de fondo es que el Poder Judicial pasa de un esquema de uso individual, donde cada funcionario decidía qué herramienta abría, a un modelo institucional. Tras la publicación del documento, en el trabajo jurisdiccional y en los sistemas del Poder Judicial solo se podrán emplear los usos de inteligencia artificial que autorice la Comisión de Tramitación Electrónica.

Esa comisión definirá para qué se puede usar la herramienta, con qué información y en qué condiciones. El peso no estará en tener o no una licencia, sino en el uso concreto que se autorice. Para eso la política contempla una tabla para graduar riesgos y un catálogo de sistemas y usos permitidos.

Datos personales y proyectos de fallos

Otro punto relevante es la protección de información que no es pública. La política prohíbe ingresar a herramientas de inteligencia artificial no autorizadas datos vinculados a proyectos de fallos o datos personales. Con eso se busca evitar que antecedentes de causas en tramitación terminen en servidores externos sin control del Poder Judicial.

La gobernanza quedará en manos de un Comité de Inteligencia Artificial, integrado por un ministro de la Corte Suprema y representantes de las asociaciones gremiales. Además se habilitará un canal para que los integrantes del Poder Judicial propongan nuevas pruebas, usos o pilotos, considerando que la tecnología cambia rápido.

El respaldo del Código de Ética Judicial

La iniciativa se apoya en normas que ya existían. El Código de Ética Judicial, trabajado por la ministra Adelita Ravanales, incorporó reglas iniciales sobre el uso de herramientas tecnológicas. Y en agosto, el ministro Jean Pierre Matus y la presidenta del tribunal, Gloria Ana Chevesich, enviaron un oficio a todas las jurisdicciones con un marco inicial para orientar el uso de estas herramientas.

La propuesta fue elaborada por la Dirección de Estudios y el propio ministro Matus. En la jornada de cierre del viernes, el pleno escuchó al académico Juan Domingo Velásquez, profesor de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile, quien expuso sobre el impacto técnico y ético de la tecnología.

Una discusión que también llegó a otras instituciones

El debate no es exclusivo de los tribunales. La Defensoría Penal Pública aprobó su propia política de uso de inteligencia artificial, con una prohibición clara: no se puede delegar en la tecnología la definición de la estrategia jurídica de una defensa. La discusión se instaló con fuerza en el sistema de justicia durante las últimas semanas, a partir de casos en que se detectó el uso de herramientas sin reglas claras.

Con esta política, la Corte Suprema fija un estándar para todo el Poder Judicial: la inteligencia artificial puede ser una ayuda, pero no una voz que decide. El documento completo, con el catálogo de usos permitidos y la tabla de riesgos, se conocerá en los próximos días.