Contraloría General de la República: qué es, cómo nació y cómo fiscaliza al Estado
La Contraloría General de la República controla la legalidad de los actos del Estado y fiscaliza el uso de los fondos públicos en Chile. Es autónoma, tiene rango constitucional y en 2027 cumple un siglo. Esta es su historia, sus funciones y sus cifras.
La Contraloría General de la República controla la legalidad de los actos del Estado y fiscaliza el uso de los fondos públicos en Chile. Es autónoma, tiene rango constitucional y en 2027 cumple un siglo. Esta es su historia, sus funciones y sus cifras.
Qué es la Contraloría General de la República y por qué es autónoma
Según su propia definición institucional, la CGR es un órgano superior de fiscalización de la Administración del Estado, encargado de controlar la legalidad de los actos administrativos y resguardar el correcto uso de los fondos públicos. Se rige por su Ley Orgánica constitucional, la N° 10.336, y actúa con autonomía respecto del Poder Ejecutivo y de los demás órganos de la Administración.
La base está en la Constitución. El artículo 98 le entrega la potestad de fiscalizar el ingreso y la inversión de los fondos del Fisco, de las municipalidades y de los demás organismos que determinen las leyes, y de examinar y juzgar las cuentas de quienes tengan a su cargo fondos o bienes de esas entidades. Su labor es a la vez jurídica, contable y financiera: verifica que las instituciones actúen dentro de la ley y en el ámbito de sus atribuciones.
Los antecesores: de la Real Audiencia al Tribunal de Cuentas
El control del gasto público en Chile es anterior a la república. La propia Contraloría reconoce varios organismos precursores.
| Año | Hito |
|---|---|
| 1567 y 1609 | La Real Audiencia se instala en Concepción y luego en Santiago, con atribuciones contraloras; es suprimida tras Chacabuco, en 1817. |
| 1839 | La Contaduría Mayor de Cuentas asume esas atribuciones y ejerce por primera vez la toma de razón. |
| 1888 | Una ley orgánica convierte al Tribunal de Cuentas en la principal entidad fiscalizadora del país. |
| 1891 a 1918 | Valentín Letelier es fiscal del Tribunal de Cuentas y sus dictámenes marcan el derecho administrativo chileno. |
| 1925 | La Misión Kemmerer propone crear la Contraloría General de la República. |
| 1927 | El decreto con fuerza de ley N° 400 bis crea la institución, el 26 de marzo. |
| 1943 | Una reforma le otorga rango constitucional y mayor independencia. |
| 1952 | Se fija el texto refundido de su Ley Orgánica, la N° 10.336, aún vigente. |
Letelier, descrito por la Contraloría como "un constructor de la República", instaló tres principios que la institución reivindica hasta hoy: la legalidad, la independencia de la fiscalización y la obligación de rendir cuenta de la gestión.
La Misión Kemmerer y el decreto que la creó en 1927
En 1925 el Gobierno contrató a un grupo de expertos financieros estadounidenses liderados por Edwin Kemmerer, profesor de la Universidad de Princeton. La misión propuso crear la Contraloría y suprimir cuatro organismos: la Dirección General de Contabilidad, el Tribunal de Cuentas, la Dirección General de Estadísticas y la Inspección General de Bienes de la Nación. Una comisión revisora presidida por el superintendente de Bancos, Julio Philippi, aprobó la idea.
El resultado fue el decreto con fuerza de ley N° 400 bis, del 26 de marzo de 1927. Después vinieron dos cambios decisivos: la reforma de 1943, que le dio rango constitucional, y la Ley Orgánica refundida en 1952. Su estrategia 2025-2027 se llama, precisamente, "Hacia el Centenario".
Las cuatro funciones que ejerce
- Auditoría: auditorías, investigaciones especiales, exámenes de cuentas e inspecciones de obra pública en ministerios, servicios, municipios, hospitales y empresas estatales.
- Jurídica: revisa la legalidad de los actos administrativos mediante la toma de razón y emite dictámenes que interpretan el ordenamiento jurídico.
- Contable: lleva la contabilidad general de la Nación, tramita modificaciones presupuestarias y elabora el Informe de la Gestión Financiera del Estado.
- Jurisdiccional: juzga las cuentas de quienes administraron fondos públicos, con un Juzgado de Cuentas de primera instancia y un Tribunal de Cuentas de segunda.
Cómo funciona la toma de razón
Es el control preventivo sobre los decretos, resoluciones y decretos con fuerza de ley. Está establecida en el artículo 99 de la Constitución y en el artículo 10 de la Ley N° 10.336: antes de que el acto entre en vigor, la Contraloría examina si cumple los requisitos de fondo y forma del ordenamiento jurídico.
Hay tres resultados posibles. Si el acto se ajusta a la normativa, se toma razón. Si hay un error menor o hace falta precisar el sentido de una disposición sin objetar su legalidad, se toma razón con alcance. Y si el instrumento contraviene el ordenamiento, el Contralor debe representar la ilegalidad o inconstitucionalidad.
El volumen obligó a modernizar el trámite. La resolución N° 7 de 2019 incorporó controles de reemplazo para los actos exentos y mecanismos para detectar el fraccionamiento de compras. La resolución N° 36, del 19 de diciembre de 2024, publicada en el Diario Oficial el 23 de diciembre, fijó nuevas normas de exención y priorizó las materias de mayor impacto en las personas.
Los dictámenes: jurisprudencia obligatoria para la Administración
Los dictámenes son pronunciamientos sobre la correcta interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico, y su conjunto forma la jurisprudencia administrativa, obligatoria para todos los organismos fiscalizados. Cualquier persona puede consultarla en el buscador de jurisprudencia del sitio institucional.
Existe un contrapeso: el decreto de insistencia. Si el Presidente de la República, con la firma de todos sus ministros, ordena al Contralor tomar razón de un decreto que fue representado por vicios de legalidad, el Contralor debe enviar copia completa del decreto y sus antecedentes a la Cámara de Diputadas y Diputados. Durante 2025 no se dictó ninguno.
Qué fiscaliza en terreno: auditorías, investigaciones y denuncias
En 2025 la función de auditoría cubrió un universo de 2.231 entidades y fiscalizó 901, un 40% del total. El sector municipal tiene la mayor cobertura: 350 de 655 entidades, un 53%, frente a 551 de 1.576 en el sector no municipal, un 35%.
Se realizaron 2.618 actividades de fiscalización, 1.331 municipales y 1.287 no municipales: 82 auditorías financieras y exámenes de cuentas autónomos, 358 auditorías de cumplimiento, 288 investigaciones especiales, 1.804 atenciones de referencias y 86 inspecciones de obra pública. El resultado fue la restitución o acreditación de M$5.655.727, un 25,3% de los montos objetados.
La ciudadanía también alimenta el sistema: en 2025 se recibieron 43.900 denuncias y sugerencias, de las cuales 2.494 derivaron en acciones efectivas. El reporte RADAR, por ejemplo, detectó $796.440 millones en saldos contables sin movimiento en organismos públicos y municipios.
La Contraloría en cifras: los números de la cuenta 2025
| Indicador | Cifra 2025 |
|---|---|
| Entidades fiscalizadas | 901 de 2.231 (40%) |
| Actividades de fiscalización | 2.618 |
| Denuncias y sugerencias recibidas | 43.900 |
| Actos afectos a toma de razón | 16.438 |
| Dictámenes y oficios emitidos | 37.747 |
| Actos de personal tramitados en SIAPER | 3.343.292 |
| Reparos y demandas recibidos | 134 por M$29.396.775 |
| Sentencias y fallos (primera y segunda instancia) | 55 y 83 |
| Funcionarios al 31 de diciembre | 2.187 |
De esos funcionarios, 960 trabajan en las contralorías regionales y 1.227 en el nivel central, con una dotación equilibrada por sexo. El Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas, en tanto, operó con 7.794 entidades y 104.363 proyectos registrados.
La función jurisdiccional cierra el circuito: el Juzgado de Cuentas recibió 134 reparos por M$29.396.775 y la segunda instancia emitió 83 fallos sobre responsabilidad pecuniaria. El control no solo observa: busca hacer efectiva la responsabilidad de quienes dañaron el patrimonio público.
Cómo denunciar o pedir una fiscalización
Cualquier persona puede presentar un requerimiento mediante el formulario de denuncia en línea, el canal para sugerir fiscalizaciones o la Red Ciudadana de Control, además de las solicitudes de información por la Ley de Transparencia. Los antecedentes también llegan por oficio desde autoridades y organismos del Estado.
El límite: la Contraloría no es un tribunal ordinario. Los asuntos litigiosos o sometidos a los tribunales quedan fuera de su competencia, y por eso una parte de sus pronunciamientos son abstenciones.
Su historia se parece a la de otras instituciones que Chile construyó temprano, como el Congreso Nacional o Carabineros, y su trabajo se cruza con la vida cotidiana más de lo que parece: desde una compra municipal hasta la contabilidad que respalda el peso chileno.
Fuentes consultadas
- CGR, Qué hacemos.
- CGR, Cuenta Pública 2025.
- CGR, Toma de Razón.
- Memoria Chilena, El gobierno de Emiliano Figueroa.
- BCN, Ley 10.336.
Preguntas frecuentes
¿La Contraloría depende del Presidente de la República?
No. Es autónoma respecto del Poder Ejecutivo y de los demás órganos de la Administración del Estado. Ese carácter se reforzó con la reforma de 1943, que le otorgó rango constitucional, y se mantiene en el artículo 98 de la Constitución vigente.
¿Qué significa tomar razón con alcance?
Que el acto se ajusta a la ley, pero la Contraloría deja constancia de un error de escasa importancia o precisa el sentido correcto de alguna disposición. En 2025 hubo 3.408 actos tomados de razón con alcance, frente a 7.179 sin observaciones.
¿Qué es un juicio de cuentas?
Es el procedimiento en que la Contraloría juzga las cuentas de quienes tuvieron a su cargo fondos o bienes públicos y determina si existe responsabilidad pecuniaria. En 2025 se recibieron 134 reparos por M$29.396.775 y se dictaron 55 sentencias definitivas.
Redacción Liven
Fuente: https://www.contraloria.cl/web/cgr/que-hacemos
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