Contraloría detecta fallas en la compra de 43 camiones de Vialidad: 37 siguen guardados y el Estado pagó $4.217 millones

La Contraloría detectó fallas en la compra de 43 camiones que la Dirección de Vialidad concretó en 2023 por $4.217 millones. En abril de este año, 37 de esos vehículos seguían sin uso operativo, guardados bajo techo en la maestranza del servicio en Cerrillos.

La investigación partió con una denuncia anónima y retrató una compra pública que, tres años después, todavía no entrega el servicio para el que fue presupuestada: renovar la flota de la Dirección de Vialidad, dependiente del Ministerio de Obras Públicas.

Qué encontró Contraloría en la compra de los camiones

En un informe de noviembre de 2025, Contraloría detectó falencias en el proceso de adquisición de los 43 vehículos a la empresa Comercial Beiben SpA. En un seguimiento realizado en abril de este año, advirtió que varios de esos problemas seguían sin solución y que la mayor parte de la flota continuaba detenida.

Algunos camiones no tenían la grúa que debían cargar. Otros fueron rechazados por observaciones al trabajo realizado en sus chasis y plataformas. Para evitar su deterioro, Vialidad informó al organismo que funcionarios elegían diez al azar cada mes para revisarlos y encenderlos.

Los retrasos que anticiparon el problema

El contrato se firmó el 28 de diciembre de 2023 y fijaba plazos breves: cuatro camiones debían entregarse en diez días y el resto en 18. Los primeros cuatro llegaron en enero de 2024, pero otros 22 se recibieron a fines de julio, con cerca de seis meses de atraso, y los últimos 17 en noviembre, más de nueve meses después de lo comprometido.

Veinte camiones sin grúas y más de $2.150 millones ya pagados

Un segundo grupo de vehículos enfrenta un problema distinto. Vialidad compró veinte camiones sin las grúas que debían incluir, con la idea de instalarlas después. El Estado ya pagó más de $2.150 millones por ellos y en abril todavía no podían utilizarse para su fin.

Frente a Contraloría, el servicio argumentó que, cuando se licitan camiones equipados, las empresas suelen ofrecer grúas de menor calidad para bajar el precio, aunque reconoció que no tenía antecedentes para respaldar esa estrategia. Además, pese a que desde diciembre de 2023 se sabía que los vehículos llegarían durante 2024, la compra de las grúas no se gestionó hasta marzo de ese año y en febrero de 2025 aún no se solicitaba a la Dirección de Presupuestos. Los recursos se incorporaron en la propuesta de presupuesto 2026, pero no quedaron en el monto aprobado.

Los 17 camiones que fueron aprobados y después rechazados

El 26 de noviembre de 2024, una comisión de Vialidad dio por recibidos y aprobados los últimos 17 camiones. Tres meses después, otros funcionarios del mismo servicio observaron problemas en las extensiones de los chasis y en las soldaduras.

La licitación exigía vehículos nuevos, sin componentes reacondicionados, y una plataforma de carga de al menos seis metros. Una nueva revisión concluyó que las soldaduras no cumplían la norma, que la plataforma carecía de apoyos en la zona de mayor esfuerzo y que el trabajo lo había hecho un taller externo, algo que el contrato prohibía. Vialidad anuló la recepción en abril de 2025 y esos equipos permanecen impagos.

La multa que se cobró 39 veces por debajo de lo previsto

El contrato fijaba una multa de 10 UF por cada camión y por cada día de atraso, con un tope de 100 UF. Según Contraloría, ese tope correspondía a cada vehículo: como 39 camiones se entregaron fuera de plazo, la sanción debía sumar 3.900 UF. Vialidad, en cambio, aplicó el límite una sola vez para el conjunto y cobró 100 UF.

El organismo estimó que esa decisión significó un ingreso no percibido de 3.800 UF, equivalentes a $145.293.912. Mientras los camiones esperan, sigue corriendo la garantía de 36 meses: si presentan fallas de fábrica cuando empiecen a operar, el Estado podría terminar pagando reparaciones que correspondían a la empresa.

El Ministerio de Obras Públicas declinó referirse al caso debido a las acciones judiciales en curso con el proveedor. La compra se suma a otros procesos de fiscalización sobre obra pública, como los 120 hallazgos de Sernageomin en El Teniente.

Fuente: Unidad de Investigación de BioBioChile, con datos de informes de Contraloría.