Rabat imputado por prevaricación: fiscal nacional confirma la investigación por la rebaja de penas

El fiscal nacional, Ángel Valencia, confirmó que el ministro de Justicia, Fernando Rabat, tiene la calidad de imputado por prevaricación administrativa en el caso de la rebaja de condenas a 56 personas por delitos sexuales contra menores de edad.

La denuncia la presentaron diputados de oposición y la causa quedó radicada en la Fiscalía Regional Centro Norte, que dirige el fiscal Francisco Jacir.

Rabat imputado: qué significa esa calidad procesal

La palabra importa. Según explicó el propio Valencia, "cuando se presenta una denuncia en contra de una persona, esa persona formalmente tiene la calidad de imputado, tenga o no tenga mérito esa imputación". Es decir, la condición describe a quien es objeto de una denuncia nominativa y de una investigación penal; no equivale a una formulación de cargos ni a una condena.

La denuncia fue presentada por los diputados Juan Santana (PS) y Luis Cuello (PC). El ministro respondió: "Existe una denuncia en mi contra y, por lo tanto, seguirá la tramitación que corresponda de conformidad con los procesos penales". Y agregó que "lo relevante es lo que se resuelva en definitiva".

El delito que se le atribuye es prevaricación administrativa, la figura que sanciona a la autoridad que dicta una resolución injusta o contraria a derecho. La acusación de fondo es que la rebaja de penas se aplicó por la vía de decretos y criterios administrativos, sin sustento legal suficiente.

La arremetida ahora apunta a ministros de cortes y de la Suprema

En paralelo, los abogados Palamara y Murath presentaron una segunda denuncia por prevaricación, esta vez contra ministros de cortes de apelaciones y de la Corte Suprema. El argumento: si el Ministerio Público investiga a Rabat por aplicar un criterio interpretativo sobre una ley deficientemente redactada, también debe investigarse a quienes fijaron esa misma jurisprudencia desde los tribunales superiores.

La tesis, sostenida en casi 300 fallos, es la irretroactividad de la ley penal para condenados por delitos sexuales contra menores cuyos casos se cerraron antes de 2022. La denuncia adjunta más de 10 sentencias y pide determinar si algún integrante de las salas "dejó conscientemente de aplicar una prohibición legal" o si resolvió dentro de una interpretación jurídicamente defendible.

El texto también individualiza votos: en cinco fallos del 14 de abril de 2026, la mayoría favorable estuvo integrada por los ministros Leopoldo Llanos, Jorge Zepeda y el abogado integrante Eduardo Gandulfo. La propia denuncia aclara que esa referencia "no constituye una afirmación de culpabilidad" y que la participación completa deberá acreditarse con los expedientes.

El otro frente: la acusación constitucional y los votos del oficialismo

Mientras la causa penal avanza, en el Congreso la oposición impulsa una acusación constitucional contra Rabat por la rebaja de penas. El vocero de Gobierno, Gonzalo Arenas, dijo que conversarán "uno a uno" con los parlamentarios oficialistas para que no respalden el libelo, y recordó que desde 1990 ningún parlamentario de gobierno ha votado a favor de una acusación constitucional contra su propio gobierno.

Diputados oficialistas como Marlene Pérez, Omar Sabat y Hotuiti Teao han cuestionado la continuidad del ministro al frente de la cartera. Para este martes, organizaciones feministas convocaron a las 19:00 frente a La Moneda la intervención "Un violador en tu camino" del colectivo Las Tesis, para exigir la salida del secretario de Estado.

Qué sigue en la causa por prevaricación

La Fiscalía Centro Norte debe resolver si abre diligencias, cita a declarar al ministro o archiva la denuncia. En el Congreso, la acusación constitucional depende de los votos del oficialismo, que hasta ahora no están asegurados. Ninguna de las dos instancias ha establecido responsabilidad penal: por ahora se trata de una denuncia en tramitación y de una imputación en el sentido procesal que describió el fiscal nacional.

El caso nació de un beneficio que alcanzó a 56 condenados por delitos sexuales contra menores, y que hoy se discute en tres planos simultáneos: la responsabilidad del Ejecutivo, la jurisprudencia de los tribunales superiores y el respaldo político del ministro. Fuentes: Cooperativa y La Tercera.