Barreras de peaje en emergencias médicas: la moción que nació de un parto en la ruta del Biobío

Una emergencia médica no debería quedar detenida por el efectivo que lleve el conductor. Esa es la idea de una moción ingresada al Senado que busca que las barreras de peaje se levanten de inmediato cuando un vehículo traslada a una persona en riesgo, sin exigir el pago en la caseta.

El texto, que modifica la Ley de Concesiones de Obras Públicas, fue presentado por un grupo transversal de senadoras y senadores y nació de un episodio ocurrido en la Región del Biobío. Ahora deberá iniciar su tramitación en la Comisión de Obras Públicas del Senado, por lo que todavía no es ley.

Qué propone la moción sobre barreras de peaje en emergencias

El cambio central es simple: ante una urgencia, la condición de emergencia se presumirá con la sola declaración verbal del conductor en la caseta de cobro. Con eso, el personal del peaje deberá levantar la barrera sin exigir el pago inmediato de la tarifa.

La moción no elimina el cobro. Para no perjudicar económicamente a las concesionarias, establece un mecanismo de pago posterior que entrega un plazo de 48 horas para regularizar la tarifa mediante transferencia electrónica u otros medios que informe la empresa. Si el pago no se concreta en ese lapso, la concesionaria podrá gestionar el cobro directamente con el propietario del vehículo.

Los autores del proyecto plantean que, frente a una urgencia, el derecho al libre tránsito debe quedar subordinado a la protección de la vida, la integridad física y la salud, por sobre los intereses comerciales de las concesionarias.

El parto en la ruta Interportuaria que originó el proyecto

La moción toma como antecedente un caso registrado en la ruta Interportuaria, en el Biobío. Una familia que trasladaba a una mujer en trabajo de parto hacia el Hospital Las Higueras quedó detenida en la plaza de peaje porque no contaba con dinero en efectivo.

Según los antecedentes incorporados en el texto, la demora terminó con el nacimiento de la bebé al interior del automóvil antes de llegar al recinto asistencial, con el riesgo de infección que implica un parto sin un entorno esterilizado.

Protección a los trabajadores y sanciones por obstaculizar el paso

La iniciativa también apunta a quienes operan las casetas. El proyecto prohíbe a las empresas concesionarias aplicar sanciones, descuentos o cobros a los trabajadores que levanten las barreras durante una emergencia, de modo que la decisión de dar paso no les signifique consecuencias laborales ni económicas.

Además, incorpora sanciones penales para quien obstaculice el tránsito de vehículos en situaciones de emergencia o catástrofe. De acuerdo con el texto difundido por el Senado, las penas podrían llegar hasta tres años de cárcel, correspondientes a presidio menor en su grado mínimo a medio.

Quiénes firman la moción y cuál es el próximo paso

El proyecto lleva la firma de las senadoras Danisa Astudillo (PS) y Loreto Carvajal (PPD), junto a los senadores Gastón Saavedra (PS) y Enrique Van Rysselberghe (UDI). La mayoría de los parlamentarios impulsores representa a la Región del Biobío, donde ocurrió el caso que dio origen a la propuesta.

Según consignó La Tribuna, la moción se encuentra en una etapa inicial de su recorrido legislativo y sus disposiciones deberán discutirse durante la tramitación parlamentaria antes de determinar su eventual aprobación, modificación o rechazo. El detalle del articulado incluye el plazo de 48 horas, la declaración verbal como presunción de urgencia y la protección laboral para los operadores de peaje.

Mientras el proyecto avanza en el Senado, la discusión deja instalada una pregunta práctica para los viajes de estas Fiestas Patrias y para cualquier traslado por carreteras concesionadas: qué ocurre cuando una emergencia real choca con un procedimiento de cobro que no admite excepciones.