Sueldos Protegidos: la Cámara revive por un voto el proyecto que frena los embargos del CAE

La Cámara de Diputados revirtió este miércoles, por 53 votos contra 52, la inadmisibilidad del proyecto "Sueldos Protegidos", que busca que la inembargabilidad del sueldo se mantenga incluso después de depositado en una cuenta bancaria. El texto vuelve ahora a la Comisión de Educación.

Qué cambia el proyecto "Sueldos Protegidos"

La moción, impulsada por diputados de oposición y con la diputada Daniela Serrano (PC) entre sus autoras, modifica el artículo 57 del Código del Trabajo. Esa norma establece hoy que las remuneraciones son inembargables, salvo la parte que exceda las 56 UF, unos $2,3 millones considerando el valor de la unidad este miércoles ($40.999,93).

La controversia no está en el monto, sino en el momento: los organismos cobradores sostienen que la protección opera mientras el dinero está en manos del empleador y que el sueldo pierde esa condición una vez que llega a la cuenta bancaria del trabajador. El proyecto busca que la inembargabilidad se mantenga cuando la remuneración sea depositada o transferida a una cuenta bancaria, vista o de ahorro.

Serrano defendió la iniciativa en la Sala señalando que no condona el CAE ni crea gasto público: "estamos haciendo efectiva una garantía laboral preexistente", afirmó.

La votación que reactivó el trámite

El proyecto había quedado frenado a comienzos de septiembre, cuando la Comisión de Educación lo declaró inadmisible por ocho votos contra cinco. Serrano apeló a la Sala y este miércoles consiguió revertir esa decisión por un solo voto de diferencia. Con el fallo de la Sala, la iniciativa vuelve a la misma comisión para discutir su contenido y recibir indicaciones.

En contra de la admisibilidad intervinieron los diputados Diego Schalper (RN) y Paz Charpentier (Republicanos). Ambos argumentaron que la moción aborda materias reservadas al Presidente de la República por el artículo 65 de la Constitución, porque incidiría en la administración financiera del Estado, y que dificultar el cobro de un crédito con garantía estatal traslada ese costo a los contribuyentes.

Los datos de la cobranza del CAE

La discusión legislativa ocurre sobre una cartera de deuda cuyas cifras ha detallado la propia Tesorería General de la República (TGR) en el Congreso:

• 558 mil deudores del Crédito con Aval del Estado en mora bajo administración de la TGR, según expuso el tesorero Hernán Nobizelli ante la Comisión de Educación de la Cámara.
• Cerca del 90% de esos deudores registra ingresos inferiores a $1,5 millones mensuales.
• 1.491 embargos ejecutados entre abril y junio de 2026: 514 en abril, 621 en mayo y 356 en junio, de acuerdo con datos entregados por transparencia.
• 128.230 deudores aparecen sin un tramo de renta informado, equivalentes al 23,9% del total.

Qué significa para quien tiene deuda

Con o sin el proyecto despachado, la protección del artículo 57 sigue vigente para el dinero que aún está en manos del empleador. Quien reciba el embargo de su cuenta puede oponerse a la medida acreditando que los fondos corresponden a una remuneración, y pedir a la Tesorería que alce, sustituya o disminuya los bienes retenidos.

La propia TGR ha reconocido que su registro de rentas puede estar desactualizado para más de 128 mil deudores, por lo que también conviene actualizar esa información ante el organismo, con certificado de AFP, antes de que se inicien acciones de cobro. El proyecto no condona la deuda ni impide su cobro por otras vías: apunta a que el dinero que proviene del sueldo mantenga, ya depositado, el límite de protección que la ley reconoce.

Qué sigue

El texto deberá volver a discusión en la Comisión de Educación de la Cámara, donde puede ser modificado o rechazado antes de llegar a la Sala. Si no reúne respaldo en esa instancia, el proyecto podría volver a quedar detenido, tal como ocurrió a comienzos de septiembre con las iniciativas que buscan limitar los embargos por deuda del CAE.

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Fuentes: BioBioChile; El Mostrador; ADN Radio, con datos de la Tesorería General de la República.