Condenan por lavado de activos al excomandante del Ejército Óscar Izurieta

El excomandante en jefe del Ejército Óscar Izurieta Ferrer fue condenado por dos delitos de lavado de activos: recibió pagos mensuales desde los gastos reservados de la institución y usó parte del dinero para pagar un departamento en Las Condes. El veredicto fue unánime.

El fallo lo dictó el Cuarto Tribunal de Juicio Oral en Lo Penal de Santiago, al cierre de un juicio que llevó adelante la unidad de delitos económicos y anticorrupción de la Fiscalía Regional de Los Lagos, encabezada por la fiscal regional Carmen Gloria Wittwer y el fiscal Marco Muñoz Becker.

Qué acreditó la Fiscalía sobre el lavado de activos de Óscar Izurieta

Según el expediente, entre 2010 y 2018 los entonces comandantes en jefe Juan Miguel Fuente-Alba y Humberto Oviedo sacaron fondos de los gastos reservados. En el papel, esos recursos solo podían destinarse a orden público, seguridad, inteligencia y contrainteligencia. En la práctica, se usaron para pagar una "mesada" a exjefes de la institución.

La entrega se hacía en efectivo, en sobres cerrados y sin registro contable, bajo el rótulo "Apoyo Ex-CJE". Izurieta los recibió desde abril de 2010 y hasta al menos febrero de 2018. Los montos fueron escalando: de $400 mil pasaron a $600 mil, luego a $800 mil y terminaron en $1 millón mensuales. La acusación cifró el desfalco en su favor entre $61,2 y $78 millones.

Un papel del Ejército que consignaba esos pagos a los líderes castrenses, y que no fue destruido pese a que existía una instrucción de hacerlo, resultó clave para la causa.

El departamento en Las Condes y las rentas del inmueble

La investigación comprobó que Izurieta usó dinero de los gastos reservados para pagar en efectivo 36 cuotas del crédito hipotecario de un departamento en el edificio Atalaya, en Las Condes, por unos $14,9 millones, entre 2012 y 2015.

El inmueble fue arrendado y, según la acusación, generó al menos $166,2 millones en rentas entre 2010 y 2025. En 2021 el general (r) donó el departamento a su hija con autorización judicial, pero ella le otorgó un poder indefinido para arrendarlo y cobrar las rentas, de modo que él mantuvo el uso y goce del bien. Desde 2022, parte de esos ingresos se canalizó a una cuenta bancaria de su cónyuge.

La rectificación de rentas que la Fiscalía leyó como blanqueo

En 2019, cuando el caso ya era público, Izurieta rectificó seis declaraciones de renta de los años tributarios 2013 a 2018. Declaró $51,2 millones como rentas de "contabilidad simplificada", sin indicar su procedencia, y pagó los impuestos. Para el Ministerio Público, esa maniobra buscaba dar apariencia de legitimidad a fondos de origen ilícito a través del sistema tributario, un uso sin precedentes en el país según el fiscal Muñoz.

La defensa sostuvo que los pagos eran una asignación de seguridad. La Fiscalía replicó que Izurieta ya tenía protección con cargo al presupuesto regular: vehículo, escolta y personal de servicio.

La negativa del Ejército y la orden de la Corte Suprema

Los equipos debieron reconstruir información bancaria, financiera y tributaria desde 2005 con apoyo de las brigadas de Lavado de Activos y Anticorrupción de la PDI. A eso se sumó la negativa del Ejército a entregar antecedentes, que invocaba su carácter reservado: la Fiscalía recurrió a la Corte Suprema, que ordenó entregarlos.

El origen del caso se remonta a 2022, cuando la ministra en visita de la Corte Marcial, Romy Rutherford, procesó a Izurieta por malversación reiterada de caudales públicos en la justicia militar y remitió al Ministerio Público los indicios de lavado.

Qué viene: la sentencia se conoce el 27 de noviembre

El veredicto no fija todavía la pena. El fiscal Muñoz solicitó ocho años de presidio, una multa de 500 UTM y el comiso del inmueble, además de las ganancias estimadas en $166 millones. El tribunal dará a conocer la sentencia el próximo 27 de noviembre.

La información de esta nota proviene del expediente judicial reportado por BioBioChile y del reporte del Ministerio Público.